Provea dijo que no extraña que el Gobierno de Maduro quiera aplicar las ejecuciones extrajudiciales en contra de dirigentes opositores / Foto: Internet
La Organización No Gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) rechazó, este miércoles 3 de abril, la propuesta de la diputada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), María León, de instalar “Tribunales Populares” para enjuiciar a quienes el gobierno de Nicolás Maduro considere como traidores de la patria.
“No hay duda que lo que León y sus seguidores pidieron fueron ejecuciones. Es decir asesinatos con el aval del pueblo. Esa es la propuesta de quienes se autodenominan humanistas. No extraña la propuesta. En los hechos todos los días la dictadura realiza ejecuciones”, denunció Provea.
Asimismo, la ONG recordó que las zonas pobres de todo el país pueden testificar sobre “las innumerables ejecuciones realizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antisecuestro (Conas) para nombrar solo algunos cuerpos represivos. Jóvenes pobres y morenos son las principales víctimas. Así tratan a los más humildes”.
Indicó Provea que el gobierno de Maduro registra un amplio prontuario sobre órdenes de violaciones de derechos humanos.
“Que la práctica de ejecuciones se traslade como castigo para los opositores nada extraña. Lo hicieron las dictaduras del cono Sur. Lo hizo Pinochet. Nada asombra si la implanta Maduro”, sostuvo.
Provea repudia que el gobierno responda a las protestas por la precariedad del servicio de agua potable con más represión.
“El desespero de la población ante la prolongada interrupción del servicio, ha motivado que cientos de comunidades populares de Caracas y otras zonas del país, tomen las calles para demandar respuestas y el fin de la larga sequía. La respuesta del gobierno de facto ha sido la misma que registramos desde comienzos de año: el empleo de agrupaciones paramilitares y cuerpos élite de la fuerza pública para repeler las manifestaciones y castigar a quienes expresan su legítimo descontento”, destacan.
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