La organización no gubernamental Provea indicó este sábado que la política anti-inmigratoria y estigmatizante adoptada por el gobierno del Presidente norteamericano Donald Trump pone en riesgo la vida de millones de latinoamericanos que tuvieron que huir debido a las crisis económicas y políticas que existe en sus países de origen.
«Todas esas decisiones pone en riesgo a millones de latinoamericanos y a cientos de miles de venezolanos que huyeron del país debido a la crisis económica y la represión», se lee en la cuenta de X de la organización.
Los activistas recuerdan que desde 2016, más de siete millones de venezolanos abandonaron el país a consecuencia de la prolongada Emergencia Humanitaria Compleja y de los crecientes abusos contra los Derechos Humanos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
«Quienes han escapado de la grave crisis de Derechos Humanos en Venezuela deben ser acogidos como refugiados y, en ese sentido, deberían ser sujetos de medidas de protección por parte de los Estados receptores conforme a los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos», precisaron.
De igual manera los defensores de derechos humanos de PROVEA señalan que tras el discurso oficial de mejoría económica anclado en la consigna «Venezuela se arregló», se esconde una realidad que azota a millones de personas.
«Los indicadores de pobreza por ingreso y/o multidimensional son de los más elevados en la región, el acceso a servicios públicos como el agua, electricidad, gas doméstico y aseo público siguen siendo precarios y los salarios y pensiones continúan congelados, en menos de 4$USD, desde hace más de dos años».
Agregan que la movilidad social ha sido prácticamente extinguida debido al exponencial crecimiento de la desigualdad social que, basados en cifras de la CEPAL y PNUD, sitúan a Venezuela entre los países con los mayores índices de desigualdad en Las Américas.
«Las personas que huyen de Venezuela deberían ser sujetas de protección. Su tránsito por zonas peligrosas como la selva de El Darién, el norte de México o la árida región de Atacama, deberían ser pruebas suficientes del temor que sufrieron, de los nuevos temores que afrontan y de la voluntad que tienen para enfrentar nuevos desafíos en busca de mejores condiciones de vida que le han sido negadas en su propio país».
A juicio de Provea las posibles deportaciones sumarias y apartadas de la ley y de los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos, así como los actos de discriminación, estigmatización y criminalización contra estas personas, podrían agravar su condición de vulnerabilidad.
«La deportación y/o devolución de personas que huyeron de condiciones de pobreza extrema o de la persecución política, es un acto de revictimización. Creemos que la región, en conjunto, debe abordar la crisis venezolana y el impacto migratorio, como el principal desafío para la democracia y la estabilidad política, social y económica de Las Américas».
La mencionada organización explica que el abordaje debería estar basado en un lenguaje y prácticas consecuentes con el respeto a los Derechos Humanos y a los más altos valores y principios del ideal Interamericano de Democracia y Derechos Humanos, cimentado en la Carta Interamericana y los tratados acordados y suscritos por los gobiernos de la región.
🚨 La política anti-inmigratoria y estigmatizante de @POTUS pone en riesgo a millones de latinoamericanos y a cientos de miles de venezolanos que huyeron del país debido a la crisis económica y la represión.
👉 Desde 2016, más de siete millones de venezolanos abandonaron el país…
— PROVEA (@_Provea) February 8, 2025
