Reprobado. Esa es la calificación que desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) dan al primer año del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia de Derechos Humanos.
«Si tuviéramos que resumir al presidente Nicolás Maduro en materia de Derechos Humanos ha sido un gran fracaso en garantizar derechos sociales y civiles», afirmó hoy Marino Alvarado, coordinador general de la agrupación, durante la presentación del informe anual sobre la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, realizada en el Centro Gumilla de Caracas.
Para sustentar sus palabras el activista recordó que en febrero de 2013 el primer mandatario asumió el compromiso de «transformar los hospitales públicos, pero el año se fue y los hospitales siguen igual». Asimismo rememoró que el año pasado el Jefe del Estado reconoció que se había producido una desaceleración en la construcción de viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela y denunció que ninguna de las medidas adoptadas logró revertir la situación.
Sin embargo, donde más énfasis puso fue en la situación de los derechos laborales. «Pese a que el presidente se autodenomina como obrerista, atenta contra la contratación colectiva y dirigencia sindical. Este es un Gobierno antisindical».
Las cifras del Ministerio del Trabajo, las cuales son citadas por Provea en su informe, da la razón, pues el año pasado ese despacho homologó 448 convenciones colectivas, de las cuales 409 fueron del sector privado y solamente 39 del público.
Alvarado también calificó de «preocupante» la situación de los derechos civiles y políticos y como prueba indicó que registraron un aumento en las ejecuciones extrajudiciales, los cuales llegaron a 209; y así como en los casos de desapariciones forzadas, las cuales pasaron de 15 en 2012 a 23 en 2013.
Criticó que el proceso de reestructuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se haya paralizado, a pesar de que ese es el organismo policial más denunciado de incurrir en tortura, malos tratos y otros abusos; y demandó que también se ponga atención a la Fuerza Armada, en especial a al Guardia Nacional, vista la lluvia de denuncias que ha caído sobre ella en estos tres meses de protestas.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
