“La gestión del presidente Nicolás Maduro ha generado un aumento significativo en la cantidad de personas excluidas en el país”.
La afirmación la hizo el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, al intervenir en la sesión pública de Organizaciones No Gubernamentales, dentro de la evaluación que al Estado venezolano hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DECS), dependencia adscrita a la Organización de las Naciones Unidas, sobre la observancia a las garantías ciudadanas.
“En las últimas cifras oficiales difundidas que corresponde al año 2013, la pobreza se había incrementado en un 6,7 % lo que significó que un total de 416.326 hogares se incorporaron a la gran población de pobres que padecen a diario la exclusión social. No conocemos los datos de pobreza del 2014, pero la persistencia del deterioro de diferentes indicadores económicos como el de una tasa de inflación general de 68 %, que en el sector de alimentos fue del 100 %, tuvo consecuencias negativas en la capacidad adquisitiva de los venezolanos, especialmente en los sectores más vulnerables. Aunque no han sido divulgados los datos del año 2014, las proyecciones económicas para este 2015 sostienen que la inflación general superará el 100 %”, expresó Uzcátegui durante la audiencia efectuada en el palacio Wilson, en Ginebra, Suiza, agregando que tales registros arrojarán como resultado que Venezuela tenga la misma cantidad de personas pobres que existían en el año 2000.
El ponente dijo que el contexto venezolano en el cual se verificaba la evaluación era desfavorable para la satisfacción de los derechos sociales, “debido a la severa disminución de ingresos públicos, la dependencia de importaciones para cubrir necesidades básicas, una creciente devaluación de la moneda que genera elevados índices de inflación, y una gestión de gobierno en la cual se han acentuado tendencias antidemocráticas y autoritarias expresadas en la negativa del Estado a un diálogo plural y democrático con todos los sectores de la sociedad venezolana”, puntualizó Uzcátegui.
Además, en esta 55 sesión de la DECS, el alto vocero de la ONG Provea denunció una militarización interna de la gestión pública y la aplicación de medidas no constitucionales contra los derechos de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica.- “A diferencia de la situación de los derechos sociales en Venezuela que existía antes del año 2013, hoy existe un acelerado proceso regresivo de los avances realizados entre 1999 y 2012 en materia de inclusión social por el efecto de medidas económicas con severos costos sociales y la persistencia de políticas incoherentes, ineficaces e ineficientes que han demostrado pocos resultados a pesar d ellos cuantiosos recursos invertidos”, indicó el delegado.
(Leer más) El Nacional
Fuente: El Nacional
