En opinión de Provea toda salida a la crisis del país debe darse en el marco de la Constitución y la ley. Por ello preocupa que la declaratoria de “abandono de cargo”, como está siendo promovida por algunos voceros políticos, es una interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.
El pasado 5 de enero de 2017, al realizar su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges expresó: “Nicolás Maduro al abandonar la Constitución, abandonó el cargo. Con esta decisión la Asamblea abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles, desde gobernadores, alcaldes, presidente de la república”. A raíz de dicha declaración diferentes diputados han expresado la necesidad que antes del 10 de enero el hemiciclo parlamentario declare el “abandono del cargo”, como lo expresa el artículo 233 de la Constitución, para convocar elecciones en los treinta días siguientes. Esta iniciativa estaría precedida por la declaratoria de la “responsabilidad política” del primer mandatario sobre la crisis del país, por parte de la Asamblea Nacional, fundamentada en los artículos 187, 222 y 232 de la Carta Magna.
En opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) el presidente de la República es el principal responsable de la situación de pobreza de millones de venezolanos y venezolanas, así como del desvío dictatorial como secuela de la declaratoria indeterminada de un estado de excepción y de la suspensión indefinida de los procesos electorales en el país hasta que no pueda garantizar resultados favorables. Sin embargo, la declaratoria de “abandono de cargo” es una interpretación forzada de la Constitución, que contribuye a agravar el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.
Provea ha rechazado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya avalado y apoyado la ausencia de democracia en nuestro país, mediante decisiones ilegales e inconstitucionales, que han permitido al gobierno de Nicolás Maduro convertirse en una dictadura del Siglo XXI. Hemos reiteramos en diferentes oportunidades que el TSJ ha sido uno de los protagonistas de la crisis democrática en el país, perdiendo su condición de árbitro independiente. Si el máximo tribunal del país ratifica el presunto desacato de la Asamblea Nacional, y toma la decisión de anular su nueva directiva, continuaría erosionando la ya débil institucionalidad democrática, aumentando la conflictividad política en Venezuela y estimulando confrontaciones violentas entre la población. No obstante y con la misma energía, deploraríamos que la Asamblea Nacional pueda adoptar decisiones vulnerando el estado de derecho y la legalidad vigente, mediante interpretaciones forzadas, convirtiéndose en otro promotor del quiebre democrático e institucional.
Históricamente Provea ha rechazado las salidas políticas al margen de la Constitución y las leyes, independientemente del sector que las promueva. Provea considera que la ausencia de democracia en Venezuela se soluciona con mayor democracia, no realizando maniobras en la interpretación de la Constitución. La recuperación del hilo constitucional empieza por respetar los mecanismos de consulta popular que están claramente expresados en ella. Las autoridades electorales deben proceder a convocar, en el plazo más pronto posible, las elecciones regionales que legalmente debieron realizarse en diciembre pasado. Además, tanto el Consejo Nacional Electoral como los tribunales del país deben permitir la realización de un proceso revocatorio como ha sido solicitado por un sector de los ciudadanos del país, apelando al derecho a evaluar la gestión de los funcionarios electos tal y como se encuentra presente en la Carta Magna. La voluntad de los electores debe respetarse, no obstaculizando los mecanismos mediante los cuales el soberano pueda expresarse y permita iniciar el proceso de reconstrucción democrático en Venezuela.
