Con su decisión de autorizar a las policías a dispersar toda la manifestación que no esté permisada, sin importar que sea pacífica; y de abrir las puertas para el procesamiento de quienes participen en ella, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «vulnera complementos esenciales para la realización plena de los derechos ciudadanos y las libertades democráticas».
La denuncia lo hizo el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en un comunicado emitido hoy y en el que cual también acusó a la Sala Constitucional del máximo juzgado de violar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ir en contrasentido a las resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La organización recordó que la instancia con sede en Ginebra (Suiza) ha dictaminado que «no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción» para dejar en claro que derechos como el del libre tránsito no pueden ser argumentados para restringir el de la protesta.
Desde hace años Provea viene acusando a las autoridades de adelantar un proceso de criminalización de las manifestaciones, por el cual unas 5.000 personas habían sido procesadas antes del estallido de la actual ola de marchas, concentraciones y disturbios.
Por Juan Francisco Alonso
El Universal
