La junta militar birmana prosiguió este jueves con su cruenta matanza de civiles con 10 nuevos muertos mientras aceleró su ofensiva judicial contra la oposición al acusar de corrupción a la depuesta líder del gobierno, Aun Sang Suu Ky, el cargo más grave presentado en su contra.
La represión se produjo durante una nueva jornada de protestas pacíficas contra el golpe de Estado celebradas en varias ciudades del país, incluida Rangún, la más poblada, donde un manifestante falleció en el acto de un disparo en la cabeza.
En la localidad de Myaing, en la central región de Magway, seis personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas por disparos de las fuerzas de seguridad, que abrieron fuego directamente contra los manifestantes.
A esta nueva muestra de brutalidad policial, la junta militar sumó un hito en su ofensiva contra Su Kyi, a la que acusó de haber recibido pagos ilegales de 600.000 dólares y cantidades de oro.
Un portavoz de la junta, Zaw Min Tun, precisó en rueda de prensa recogida por el portal DVB que la nobel de la paz habría recibido el dinero y el oro durante su mandato de manos de Phyo Min Thein, jefe de la región de Rangún.
Se trata de la acusación de más enjundia contra Suu Kyi, de 75 años, que puede enfrentarse a penas de años de cárcel si fructifican este y otros cargos presentados contra ella desde su detención el 1 de febrero, como la importación ilegal de un dispositivo de comunicación, vulnerar las leyes contra la covid-19, o publicar mensajes “que inciten al miedo o a la alarma”
Condena de la ONU
La junta presentó su acusación contra la nobel de la paz en una jornada en que recibió la condena del Consejo de Seguridad de la ONU, que pidió la liberación de la líder política y el cese de la violencia contra los manifestantes.
El Consejo de Seguridad, sin embargo, eludió denunciar el golpe de Estado protagonizado por los militares o hablar de posibles medidas en respuesta a él a consecuencia de la oposición de varios Estados miembros.
Según fuentes diplomáticas, los quince países dieron el visto bueno a un texto de compromiso en el que se pide contención a los militares y se reclama la liberación inmediata de todos los detenidos de forma arbitraria.
Otro de los grandes reveses internacionales para la junta llegó de la ONG Amnistía Internacional (AI), que ha verificado un total de 55 vídeos que demuestran la matanza de manifestantes por parte de la Policía y los soldados con armamento letal y militar en Birmania.
En un comunicado, AI afirmó este jueves que el análisis de los vídeos, realizados por miembros del público y medios y compartidos en las redes sociales, demuestra una estrategia crecientemente letal por parte de las autoridades militares.
AI, que ha criticado al Consejo de Seguridad de la ONU por no tomar medidas contra la junta militar birmana, afirmó que los vídeos desmienten el relato de las autoridades birmanas de que están usando el mínimo de fuerza.
“Estas tácticas militares birmanas no son en absoluto nuevas, pero las matanzas nunca han sido grabadas en directo para que el mundo las vea”, dijo Joanne Mariner, director de Crisis Response en Amnistía Internacional, que tiene sede central en Londres.
Sanciones de EEUU
Al menos 70 manifestantes y disidentes han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y el Ejército desde el golpe de Estado, una brutalidad que también provocó anoche nuevas sanciones de EEUU contra el comandante del Ejército birmano, Min Aung Hlaing y otros nueve oficiales y tres empresas vinculadas con el estamento militar.
Según la Secretaría del Tesoro, el golpe del 1 de febrero fue “ataque directo a la transición de Birmania, a la democracia y al Estado de derecho”.
A pesar de la condena unánime de la comunidad internacional a la violencia y los presos políticos, la junta militar liderada por Hlaing continúa con la represión en Birmania, donde ya gobernó con puño de hierro entre 1962 y 2011.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales.
Agence France-Presse
