La pretendida «revolución bolivariana» siempre le ha tenido ojeriza a la protesta y a la acción de sindicatos y gremios independientes, que no sean un apéndice estatal.
Hace más de veinte años —ya casi no hay memoria de eso— se intentó «renovar» la dirigencia sindical mediante un referéndum en el cual solo participó 20% del registro electoral, a lo que siguió la disputa por el control de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), con la fallida candidatura de Aristóbulo Istúriz, quien en sus años mozos fue dirigente gremial de los educadores, esos mismos que desde enero de este año están en las calles y plazas en reclamo de salarios que permitan llevar el pan a la casa y poco más.
Se puede admitir que entonces se trataba de confrontaciones electorales, pero, a la vez, ya se evidenciaba el germen de la intervención estatal con todo su ventajismo de recursos para interferir en la vida de las organizaciones de los trabajadores, violando disposiciones expresas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la que Venezuela se sumó desde su fundación en 1919.
La OIT, es preciso recordarlo, se creó ante la constatación de que las condiciones de trabajo reflejaban un alto componente de «injusticia, miseria y privaciones», términos que hoy, un siglo después, permiten definir con exactitud la situación de los venezolanos, con salarios, los que los tienen, de hambre y con una espiral inflacionaria que se los devora día tras día. Para cambiar esas condiciones de trabajo lacerantes era preciso que las autoridades públicas se abstuvieran de intervenir en las organizaciones de trabajadores y empleadores.
Es en ese contexto que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) ha convocado para hoy y mañana un paro de 48 horas para exigir un aumento de salario, el respeto de sus derechos y la libertad sindical. Porque, por un lado, se niega el derecho a la justa remuneración del trabajo y, por el otro, se criminaliza a quienes reclaman.
Fapuv suscribió hace unos días, junto con la CTV y la Central ASI Venezuela, un informe al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el que denuncia la práctica del régimen de «hostigar, reprimir, detener arbitrariamente y judicializar a sindicalistas y trabajadores por protestar pacíficamente». Lo que la OIT ha descrito como «un complejo entramado que hostiliza y socava la acción de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno».
La judicialización de quienes protestan supone someterse a interminables procesos penales, incluso ante la justicia militar, y, hay casos documentados, en que detenidos han admitido hechos a cambio de la libertad bajo medidas cautelares, que impiden sus actividades sindicales y hasta reincorporarse a su puesto de trabajo. Ni siquiera el derecho a ganarse ese pan escaso y caro.
Sin embargo, y contra la pertinaz represión, la protesta no cesa: en 2022 hubo 7.032 actos de manifestación en el país, según registros del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y los dos primeros meses de este año indican que se ha generalizado y profundizado aún más, como advierte el informe suscrito por Fapuv, CTV y ASI Venezuela.
Editorial de El Nacional
