Carola Briceño Peña, periodista integrante de la unidad de investigación de El Nacional, residenciada en la ciudad colombiana de Cúcuta desde 2019, siente que la larga mano del régimen instalado en Venezuela está tras sus pasos y teme por su seguridad personal aun encontrándose fuera del país.
La periodista ha sido objeto de ataques y agresiones digitales –también en contra de varios de sus familiares– desatados luego de la publicación de una investigación periodística de El Nacional, en la que participó, sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón, presuntos testaferros de Nicolás Maduro Guerra.
La investigación fue publicada en este diario en tres reportajes consecutivos en enero pasado: el día 10 con el título “Los hermanos Morón, de testaferros de Nicolás Maduro Guerra a fantasmas digitales”; el día 11, “Los ‘homónimos’ de paja de los hermanos Morón y las relaciones con Nicolás Maduro Guerra”, y el día 12, “Minería ecológica, fantasmas, testaferros y los hermanos Morón”.
La publicación de los reportajes y el inicio de la oscura intimidación contra ella son coincidentes.
Además, días después de que la investigación se difundiera, un fiscal del Ministerio Público y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron en la vivienda de José Gregorio Meza, jefe de Redacción de El Nacional, y se lo llevaron para un interrogatorio que indagó sobre los reportajes y sobre quiénes eran sus autores.
Primero agresiones anónimas, después una arremetida revestida de apariencia legal.
Briceño Peña permanecía en Colombia bajo el Permiso por Protección Temporal (PPT) –documento de identificación que Migración Colombia otorga a los venezolanos inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) –, figura a la que decidió renunciar para optar a la de refugiado, de manera de garantizar el principio de no devolución a su país de origen.
“No quiero que me suceda lo mismo que a Lorent Saleh, ser entregada al chavismo y que luego me torturen”, advirtió ayer tarde desde la sede de Personería, un centro del Ministerio Público colombiano, donde esperaba ser atendida. El joven estudiante y activista fue deportado desde Colombia en 2014 y detenido por las autoridades venezolanas, que lo sometieron a un calvario de torturas en La Tumba que duró 4 años.
La periodista está en Bogotá desde el pasado lunes 30 de enero para hacer la solicitud de refugio sin que hasta el momento, más de una semana después, haya obtenido una respuesta favorable del gobierno colombiano. «Me encuentro en un limbo, desamparada y atemorizada», dijo.
Briceño Peña recurrió en Bogotá a la ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y también a Reporteros Sin Fronteras. A ella le extraña que le den largas a su solicitud de refugio: “Se han concedido miles muy rápido y la mía se ha vuelto un trámite complejo y sin solución a la vista”.
El Nacional solicita al gobierno de Gustavo Petro que otorgue la debida protección a nuestra periodista ante las evidencias de la persecución y acorralamiento de la libertad de expresión en nuestro país, la ausencia de una justicia independiente e imparcial y la vulneración sistemática de los derechos humanos, como han registrado los informes del alto comisionado de Naciones Unidas.
Editorial de El Nacional
