El abogado Félix Freites, representante de la ONG “Foro de Producción Nacional”, acompañó a cientos de propietarios familias de la clase media y media-baja, que depositaron sus sueños de vivienda en 57 urbanismos que fueron objeto de medidas de intervención o expropiación por parte del Estado venezolano entre los años 2010 y 2013, a solicitar la acción de nulidad de la Resolución 061.
El representante legal aseguró que confían en la decisión que tomará el Poder Judicial. “Nos encontramos en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, acompañados de Consejos Comunales y organizaciones de ciudadanos que vienen con fe y esperanza a esta audiencia que se está celebrando contra la Resolución 061 aprobada en mayo del 2013 y que restringe el derecho a la propiedad privada de miles de familias de 54 urbanismos”.
Freites destacó que diversas organizaciones civiles se sumaron a la solicitud de nulidad de la Resolución 061, por lo que esperan que se haga justicia en cuanto al derecho a la propiedad privada.
“Nosotros esperamos que el Tribunal Supremo de Justicia declare la nulidad de la Resolución 061 y sean excluidos los urbanismos intervenidos por el Estado. Fueron intervenidos como consecuencia de las denuncias de los propios vecinos preocupados por la amenaza de ser estafados, pero preocupa que la Resolución restringa el derecho a disponer de la propiedad privada y por ello venimos a pedir equidad para los ciudadanos de Venezuela y que el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 115 de la Constitución, sea respetado”, concluyó el abogado.
Alberto Payen, representante de los Consejos Comunales de El Encantado, agradeció el esfuerzo de los abogados y las comunidades organizadas que ha permitido llegar a la audiencia celebrada en la Sala Político Administrativa del máximo tribunal del país.
“Esta Resolución 061 está afectando a más de 20 mil familias de todo el país. Desde hace un año se han introducido varios recursos de nulidad y gracias al abogado Félix Freites estamos muy esperanzados porque sabemos que se va a hacer justicia con las familias que apostaron sus ahorros para comprar una vivienda, pedimos la protección y hoy estamos atados a no poder vender en los próximos cinco años, tenemos esperanza de que se derogue la resolución”, dijo Payen.
PRENSA EL ENCANTADO
