En sesión extraordinaria de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) celebrada este martes, el Procurador Especial de la República, Enrique Sánchez Falcón, rindió cuentas sobre la defensa y protección de activos en el exterior de la nación que abarca: El estado de los litigios, asesoría interna al Gobierno Encargado y el Parlamento, atención a los procesos judiciales que están en contienda en tribunales internacionales, por culpa de los regímenes de Chávez y Maduro. Asimismo, avances estratégicos y lo relativo a las obligaciones contraídas pagadas y pendientes de pago
Sánchez Falcón, informó que 201 ha sido el total de procesos judiciales y arbitrales en la defensa de los activos de la nación, que corresponden a litigios por 40 mil millones de dólares que están en los tribunales de países que reconocen al Gobierno Encargado del presidente Juan Guaidó. Entre los cuales, se han contabilizado 62 arbitrajes identificados que suman la cantidad de 15 mil millones de dólares y los 139 juicios, por un monto de 24 mil millones de dólares.
En su intervención en la Cámara Legislativa, destacó que las audiencias de juicios más importantes ocurridas recientemente, y otras incidencias, entre las cuales destacó el juicio sobre las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra; Crystallex; Conoco; nulidad bonos 2020; casos Farc y ELN, entre otros.
Preciso que el pagado a firmas de abogados ha sido de 28 millones de dólares y lo adeudado es de 18 millones de dólares. Durante su gestión y del antiguo procurador especial José Ignacio Hernández, el total de 63 millones honorarios destinados para la atención y defensa de todos los litigios que corresponde a un monto de 40 mil millones de dólares.
De igual manera, detalló que la Asamblea Nacional autorizó acuerdos destinados a la República por la cantidad de 10 millones dólares; 7 millones de dólares para Pdvsa y 4 millones de dólares corresponde al Banco Central de Venezuela (BCV).
Insistió a la Asamblea Nacional en la necesidad de aprobar recursos para los litigios. “La Oficina de Procuraduría Especial ha solicitado y casi rogado presupuesto integral para atender los litigios y ha sido sistemáticamente ignorada y eludida por la Comisión de Finanzas del Parlamento”. A su vez, opinó la OPE que “es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión, por dejar de pagar 20 o 30 millones de dólares, que en consecuencia arriesgan más de 40 mil millones de dólares”.
El funcionario pidió al Cuerpo Legislativo presente incluso al presidente Guaidó, que se tome una decisión y se apruebe el presupuesto para la defensa de los litigios” Es una responsabilidad legal y histórica del Gobierno Interino y de la Asamblea Nacional”.
Con relación a los órganos o entes descentralizados, la PER les brinda asesorías cuando estos carezcan de servicios de consultoría jurídica o cuando se trate de asuntos de especial importancia para el sector público interino, entre las cuales menciona: Propuesta de Reforma del Estatuto de la Transición; informe sobre la propuesta de fideicomiso; informe sobre el caso ALUNASA; asesoría al Consejo de Administración del Gasto sobre los reclamos de los Magistrados legítimos del TSJ; propuesta de creación del Consejo de Estado; declaración del Procurador Especial para la audiencia en el Tribunal de Comercio de Londres.
La PER, propuso que ante la imposibilidad económica de asignar los casos de arbitrajes a firmas de abogados especializadas, y ante la tendencia de precedentes que no reconocen la representación de la República por parte del Gobierno interino; se propone contratar a una firma de juristas especializada en arbitrajes internacionales, que ayude a determinar una estrategia que permita a esta oficina actuar directamente en los procesos y se suspendan los procesos por carecer los tribunales arbitrales de jurisdicción para decidir sobre la legitimidad o no de los gobiernos en disputa.
Al concluir, la intervención del procurador especial, el presidente Juan Guaidó agradeció su gestión y destacó el ejercicio patriótico que realiza en favor de la defensa y de los activos en el exterior de la nación frente a las ansias de la dictadura por seguir saqueando y robando los recursos del estado. A su vez, autorizó la remisión de esta rendición de cuentas y la publicación correspondiente del mismo
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