Los integrantes de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia consideran que la nueva Ley Habilitante solicitada por Maduro para supuestamente contrarrestar el “imperialismo” no será utilizada para resolver los problemas del pueblo y mucho menos para defender la soberanía venezolana, bastante golpeada por el imperialismo Chino y Cubano, así como el caso del Esequibo y las perforaciones de Exxon; sino que más bien estos poderes especiales los usará el Ejecutivo para fomentar aún más la represión y seguir acentuando la grave crisis económica del país con más controles a lo poco que queda del sector productivo en el país.
Con la excusa de la injerencia gringa solicitan una Habilitante, que esconde dos aspectos fundamentales, la primera es que le da poderes a Maduro para legislar en materia penal, y todos sabemos cómo funciona el modelo coercitivo del Estado, las detenciones arbitrarias que han sido parte de la gestión de este Gobierno como parte de su rutina diaria. Lo segundo es que le ha dado un margen discrecional absoluto para legislar en materia económica para seguir haciendo lo que ellos quieran creando organismos y más burocracia.
La grave crisis que sufren hoy los venezolanos no tiene nada que ver con “ataques imperialistas” ni con la supuesta “Guerra Económica’, son el resultado exclusivo de un Gobierno “corrupto e incapaz “que insiste en un modelo económico fracasado que destruyo la producción nacional y solo ha generado pobreza, inflación y escasez.
Esta nueva Ley Habilitante no resolverá en nada los verdaderos problemas de los venezolanos. Recordó que la solicitud anterior supuestamente ayudaría a combatir la corrupción y todavía los venezolanos siguen esperando los responsables de los más de $25 mil millones que se robaron en Cadivi.
Recordamos desde Primero Justicia que durante 12 de sus primeros 22 meses de gestión, Nicolás Maduro contó con poderes especiales para legislar vía Ley Habilitante para “la lucha contra la corrupción” y “la defensa de la economía”. Sin embargo, los objetivos alcanzados fueron otros: garantizar más control y más recursos para el Gobierno Central.
Según Transparencia Venezuela, en 2014 se contabilizaron 72 casos de corrupción. Entre los casos más conocidos se encuentran: Fraudes Cadivi: se entregaron importantes sumas de dólares a empresas fantasmas o maletín. Luego de comenzada la investigación, se identificaron empresas que serían investigadas por el uso ilícito de las divisas.
Caso de la niñera de Elías Jaua: el 17 de octubre de 2014 fue detenida en Brasil por el porte ilícito de un arma de fuego. Además, la niñera iba viajando en un avión de PDVSA. También recordamos el caso Fonden: dondev se acusa de corrupción al Gobierno Central por no haber forma de auditar las cuentas a las que han ingresado más de US$120.000 millones en 8 años.
Además se se encontraron lotes de medicinas vencidas el 21 de junio de 2014 en Delta Amacuro.
En lo que va de 2015, resaltan los siguientes casos de corrupción: Caso HSBC: investigaciones realizadas entre 2005 y 2007 indicaron que Venezuela tenía US$ 14.800 millones repartidos entre 1.138 clientes en el HSBC, siendo el 3er país con más recursos depositados sólo por debajo Suiza y Reino Unido. La oficina del Tesoro venezolano se hizo cliente de HSBC en 2005 y manejaba 3 cuentas bancarias que sumaron US$ 698 millones entre 2006 y 2007.
Caso Andorra: PDVSA parece encontrarse inmersa en actividades delictivas, tras supuestamente lavar cerca de US$ 2.000 millones a través de Banca Privada d’Andorra (BPA), institución que se alega también lavaba dinero de la mafia rusa y de una red criminal china. Al parecer, BPA ha sido utilizada para blanquear dinero del narcotráfico y del terrorismo.
Caso Podemos: el partido PODEMOS y la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CESP) de España, recibieron US$ 3,9 millones de Venezuela entre 2004 y 2012 por concepto de asesoría. Ante estas acusaciones, representantes del partido publicaron sus cuentas para demostrar que no estaban siendo financiados por ningún país.
Estos hechos nos conllevan a la irrebatible conclusión de que Maduro fracasó en la defensa de la economía. La Ley Habilitante no se utilizó de manera efectiva para la “defensa de la economía”.
Al vencimiento de la Ley Habilitante en 2014, Conindustria precisó que el sector manufacturero venezolano labora al 48,85% de su capacidad instalada.
El Gobierno Central no toma medidas para mejorar la situación para actuales y potenciales inversionistas: Venezuela es reconocida por el Banco Mundial como la 8va economía menos amigable para hacer negocios.
Venezuela es reconocida por el Foro Económico Mundial como la 14ta economía menos competitiva y las principales trabas para hacer negocios son producto de las políticas del Gobierno Central son el Control cambiario. La Regulaciones laborales restrictivas. Inflación. Inestabilidad de las políticas. Burocracia gubernamental ineficiente. Corrupción. Inseguridad. Regulaciones tributarias. Oferta inadecuada de infraestructura. Pobre ética de trabajo por parte de la fuerza laboral.
Ante esta situación recordamos que la dirigencia y militancia de Primero Justicia continuará en la calle al lado del pueblo motivando y trabajando por el cambio indetenible y por la victoria en la Asamblea Nacional para iniciar así el camino hacia un país de progreso y oportunidades para todos por igual.
Fuente: LP
