El régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro reiteró en un comunicado oficial de esta misma semana que «continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el derecho internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación».
Está en todo su derecho de hacer uso del derecho, valga la redundancia. Pero ni por asomo es para defender la verdad ni asegurar sus derechos como nación. Lo que Maduro y sus funcionarios llaman verdad es que nada de lo que pasa en este país es su responsabilidad. Todo es culpa de una agresión internacional.
El punto más revelador de la actitud cínica del régimen es que hará uso de todas esas disposiciones que la legislación internacional le otorga sin que nadie se lo impida, mientras en paralelo le niega a sus compatriotas, a los ciudadanos que dice representar, el ejercicio de los derechos básicos consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes.
Por ejemplo, en Venezuela hay en esta fecha y hora 288 presos políticos, según la asociación civil Foro Penal, que lleva dos décadas registrando la represión ejercida por el Estado contra la disidencia política. Por supuesto, la categoría «preso político» no figura en el léxico oficial ni hay pistas de su existencia en ningún organismo estatal. Un comportamiento que emparenta al régimen con las dictaduras militares que hace medio siglo se asociaron en la Operación Cóndor para sembrar el terror en los países del Cono Sur del continente.
De esos 288 presos políticos -155 militares, 133 civiles- 40% (113) lleva más de 3 años en prisión preventiva, sin juicio ni condena. El capítulo tercero de la carta magna vigente referido a los derechos civiles, que se extiende de los artículos 43 al 61 y que son los que expresan y protegen la médula de la vida ciudadana, es burlado palabra tras palabra.
“Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”, establece el artículo 44. Letra suprimida por la fuerza brutal de los hechos.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, considera “gravísimo” la prisión política arbitraria y el retardo procesal sistemático. “No es una simple violación de los derechos humanos, es crimen de lesa humanidad mantener a una persona privada de libertad”, denunció. Foro Penal recuerda un caso entre tantos: José Gámez Bustamante está recluido en un centro penitenciario en el estado Guárico, en el centro de país, desde enero de 2015 sin juicio y sin sentencia.
Los datos de Foro Penal son sobrecogedores. Desde 2014, 15.791 personas han padecido prisión política. Más de la mitad (9.415) continúan con medidas cautelares. 11 han fallecido bajo la custodia del Estado y hay al menos otros 50 presos políticos con graves problemas de salud.
Nada de esto escapa a la investigación que la Corte Penal Internacional desarrolla sobre lo que ha pasado, y sigue pasando, en Venezuela desde febrero de 2014. Un proceso que tiene varios años de iniciado y tomará aún más tiempo porque, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, al presunto victimario Maduro y su gente se le garantiza el derecho a la defensa.
Editorial de El Nacional
