La justicia militar hace caso omiso a las peticiones de diversas ONG de derechos humanos, e incluso de la asamblea nacional constituyente, de pasar a justicia ordinaria a los presos políticos que estaban siendo juzgados en tribunales castrenses. El 16 agosto la ANC ordenó que los tribunales militares declinaran a la jurisdicción ordinaria.
Así ocurre en el caso de 13 personas detenidas en Maracaibo el pasado 26 de julio, durante el paro cívico que convocó la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Entre ellos se encuentra el concejal suplente de Voluntad Popular, Ángel Machado, los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina, junto con los motorizados Kendry Parra, Dehlor de Jesús Lizardo, Pedro Marval, Romer Delgado, Kiusner Zara, Jesled Rosales, Nilson López, Franklin Tovar, Wuilly Delgadillo y José Gregorio González.
Luego de la audiencia de presentación el 29 de julio, a estos ciudadanos la Fiscalía militar solicitó privativa de libertad, y se les imputaron los delitos de rebelión militar, aun siendo civiles, ultraje al centinela y ofensa y menosprecio a la FANB. Actualmente están detenidos en el Centro de Procesados Militares de Santa Ana en el estado Táchira.
Ayer se hizo pública una carta del periodista Alberto Cabrera, en la que agradeció el apoyo del gremio ante la injusticia de la que es víctima y envió palabras de tranquilidad para sus familiares y amigos: “Debo admitir que cada día acá es durísimo; los que me conocen y saben de qué estoy hecho, están seguros de que este pequeño bache en el camino no nos doblegará y todo ese apoyo me llena de fuerzas para seguir resistiendo. Hoy en carne viva soy testigo y víctima de un gobierno que arremete contra aquellos que buscan la verdad”. También recluido en la cárcel de Santa Ana y lo imputan de rebelión militar, ultraje al centinela y ofensa y menosprecio a la FANB.
Otro caso que se mantiene en manos de la justicia militar es el de Carlos Julio Rojas, activista comunitario y periodista, que fue privado de libertad 9 de julio y actualmente se encuentra detenido en la cárcel militar de Ramo Verde.
Sol Rojas, madre del preso político, indicó que hasta la fecha no ha sido notificada de que el caso será pasado a la justicia ordinaria.
“A mi hijo lo acusan de traición a la patria, pero no estamos en guerra; de sublevación militar, pero él es civil, y sustracción de armas militares, pero todo fue montado. El día que se lo llevaron preso no había protestas, estaba comprando cuatro kilos de papas que luego fueron cambiadas por cuatro granadas”, denunció.
Los estudiantes de la UPEL, José Saldivia y Álex González, que se encuentran en la cárcel de El Dorado, padecen malas condiciones de salud. La diputada Yajaira Castro indicó que Saldivia sufre complicaciones al contraer paludismo y González presenta síntomas. Dijo que el tribunal militar está atendiendo estos casos. Además señaló que hay 120 civiles que deben pasar a la justicia ordinaria.
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Por Confirmado Massiel Bravo
