La presión legislativa para asegurar el futuro de los más de 750.000 jóvenes sin papeles a los que el presidente Barack Obama protegió de la deportación crece en Washington.
Un grupo de legisladores demócratas, la mayoría de origen hispano, presentó este viernes un nuevo proyecto de ley para regularizar a los dreamers, como se conoce a los indocumentados que entraron en el país de niños acompañando a sus padres, mencionó DPA.
Su futuro ha quedado en el aire bajo la administración de Donald Trump y la movilización para protegerlos va más allá de la filas demócratas.
La de este viernes es la iniciativa más progresista de las cuatro -incluida esta- que se han presentado desde la llegada Trump a la Casa Blanca, en enero pasado, ya que es la que pretende proteger a un mayor número de personas. Según explicaron fuentes demócratas, el número total de beneficiados podría ascender a dos millones.
«Vamos a luchar por los que viven entre nosotros y deben tener un lugar entre nosotros», manifestó el congresista Luis V. Gutiérrez al presentar la iniciativa en Capitol Hill junto a una veintena de legisladores demócratas.
Entre ellos estuvieron la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el congresista por Nevada Rubén Kihuen, de origen mexicano y quien llegó a Estados Unidos como indocumentado, acompañando a sus padres, cuando tenía ocho años.
«Me gusta decir que fui un dreamer antes de que existiera esa palabra, el primer dreamer congresista», manifestó Kihuen. «Mi familia es un ejemplo de lo que puede pasar cuando das una oportunidad a los inmigrantes», señaló.
Los legisladores demócratas defendieron que el sistema migratorio estadounidense está «roto» y la única forma de arreglarlo es con una reforma migratoria, pero ante la amenaza que se cierne sobre DACA, el programa de Obama, es necesario centrarse ahora en proteger a los dreamers.
La semana pasada, el senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Richard Durbin presentaron una propuesta de ley que abriría el camino a la nacionalización de los dreamers. Según publicó entonces el Migration Policy Institute, beneficiaría a 1,5 millones de personas.
Frente a ella y las otras dos anteriores, la presentada hoy elimina los requisitos de educación, trabajo o servicio militar, lo que da la posibilidad de regularización a, por ejemplo, amas de casa y personas sin estudios. La condición principal es haber entrado en Estados Unidos al menos cuatro años antes del 31 de diciembre de 2016 y haberlo hecho con menos de 18 años.
El alto número de personas a las que podría beneficiar la medida podría dificultar conseguir respaldo en las filas republicanas. La acumulación de iniciativas para proteger a los dreamers podría sin embargo abrir el camino a una unión de fuerzas, según analistas.
Gutiérrez tendió la mano a los legisladores del Partido Republicano, especialmente a los de origen hispano. «Hay hombres y mujeres buenos entre ellos», dijo. «Vamos a hablar y a dialogar con ellos».
Mediante una orden ejecutiva, Obama aprobó en 2012 el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protegía de la deportación a los jóvenes sin papeles que llegaron a Estados Unidos de la mano de sus padres cuando eran niños y les daba permiso temporal de trabajo.
La victoria de Trump en las elecciones de noviembre los sumió en la incertidumbre, ya que el republicano prometió en campaña expulsar a los más de 11 millones de indocumentandos que hay en el país.
Luego, cuando cambió las prioridades de deportación, situando a todo inmigrante sin papeles como objetivo de las autoridades migratorias, a ellos los dejó al margen. Y su secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, confirmó en junio que DACA continuaba.
El problema para los dreamers llegó entonces de un grupo de diez estados republicanos capitaneados por Texas que advirtió a la administración de que si para septiembre no está cancelado el programa, acudirán al mismo tribunal que suspendió la extensión de DACA y lo harán con el mismo argumento que entonces: el de que Obama se extralimitó en su poder presidencial.
Todos los expertos consultados dentro y fuera de la administración, dijo Kelly, creen que DACA no podrá superar ser llevado a un tribunal.
EU
Por Confirmado: Oriana Campos
