Tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como su aliados más cercanos están experimentando presión a nivel interno y a nivel internacional.
El nivel de deterioro social y político en Venezuela, desató en las últimas semanas, una campaña de presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que no tiene precedentes en el historial de la crisis del país sudamericano.
Los pasos más recientes los dieron los gobiernos de Colombia y Panamá, quienes través de sus propios mandatarios, aseguraron en las últimas horas que no reconocerán los resultados de la jornada electoral de Asamblea Constituyente que se lleva a cabo este 30 de julio en Venezuela.
La Organización de Estados Americanos, la ONU y el propio gobierno estadounidense, han dado pasos que, sin ser definitivos, sí evidencian que las opciones se reducen para el presidente Nicolás Maduro.
Sanciones económicas desde EE.UU.
Trece altos funcionarios del gobierno venezolano, fueron el último blanco de las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 26 de julio.
Entre ellos, el exvicepresidente Elías Jaua, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el defensor del pueblo, Tarek William Saab y un vicepresidente de la estatal petrolera, PDVSA.
La decisión del gobierno estadounidense, que también incluyó a altos mandos militares del país, no ha sido la primera, ni será la última. El propio presidente Donald Trump, anunció el 18 de julio que si el mandatario venezolano no desistía de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, nuevas medidas “rápidas y firmes” serían impuestas.
Según la tendencia que han seguido las decisiones sancionatorias desde el gobierno estadounidense, desde los niveles más bajos del gobierno hacia los más altos, todo indica que el propio presidente Nicolás Maduro, podría ser el próximo blanco.
La presión desde la ONU y la OEA
“No estamos a favor de la oposición, no estamos a favor del presidente (Nicolás) Maduro. Estamos con el pueblo venezolano”, aseguró la Embajadora de EE.UU. ante la ONU, Niki Haley, al convocar el tema de la crisis venezolana al interior del Consejo de Seguridad del organismo, el pasado 6 de junio.
En ese escenario, la funcionaria diplomática aseguró que es la OEA, el organismo indicado para gestionar una solución política a la crisis, pero también pidió a sus líderes, ir más allá de las palabras.
Para algunos analistas, es muy poco lo que puede hacer la ONU desde el Consejo de Seguridad, pero el Alto Comisionado de Derechos Humanos del organismo, sigue de cerca la profundización de la crisis en Venezuela, y su mandato, le da instrumentos que suman potencia a las voces de denuncia de la oposición venezolana.
¿Es la CPI una alternativa desde la OEA?
A pesar de que la Organización de Estados Americanos, OEA, ha sido el escenario por excelencia donde comenzó a ventilarse el deterioro de las instituciones democráticas venezolanas, la respuesta coordinada del gobierno de Nicolás Maduro, con su grupo de aliados al interior del organismo, han bloqueado, una y otra vez, los esfuerzos del grupo de países que tratan de buscar salidas a la crisis del pueblo venezolano.
El bloqueo ejercido por el gobierno venezolano al interior de la OEA, no ha permitido que desde la Secretaría General, por iniciativa de Luis Almagro, se activen los mecanismos más severos con los que cuenta la Carta Interamericana para defender las democracias de los países miembros.
Lo que para las mayorías son continuas derrotas de la comunidad internacional, para la oposición venezolana, en cada uno de los escenarios antes mencionados, se han dado pasos en la construcción de su caso para llegar, incluso, a instancias como la Corte Penal Internacional, CPI.
El empeño, ha tenido eco, nuevamente en la OEA. El Secretario General del organismo, Luis Almagro, anunció el 21 de julio la adopción de pasos concretos, para analizar qué tan viable es llevar a Nicolás Maduro y sus funcionarios vinculados con la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, entre ellos, la tortura, ante la CPI.
El primero de esos pasos, es el nombramiento, como asesor especial de la OEA, del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. A pesar de que el mismo funcionario explicó las dificultades que un caso como este acarrearía, también dejó claro que si uno de los países miembro de la OEA lidera la denuncia, el también llamado “Tribunal de Roma”, podría asumir el caso. Este, sin duda, sería el paso más contundente dado hasta ahora, por la comunidad internacional, para poner fin a la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela.
Priorizar las vías diplomáticas
No obstante los mecanismos de presión que se extienden desde varios frentes de la comunidad internacional, las vías diplomáticas no se han agotado y aún los sectores más firmes contra la administración de Nicolás Maduro, apoyan, con carácter prioritario, estas iniciativas.
La más reciente de ellas, aunque no se ha mencionado de manera oficial, es factible que provenga del diálogo sostenido por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, con el mandatario cubano, Raúl Castro, en su más reciente visita a la Isla.
Voz de América
