La aprobación en la Asamblea Nacional de la Reforma de la Ley del Impuesto a los Grandes Patrimonios, en opinión de Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, terminó de derrumbar el sistema tributario venezolano, que ya había implosionado por graves distorsiones como por ejemplo la múltiple imposición o el manejo de la figura de contribuyentes especiales sin tomar en cuenta la verdadera capacidad económica.
Palacios plantea que es urgente diseñar un sistema nacional tributario democratico, que conlleve la coherencia necesaria entre la política tributaria con las políticas económica y monetaria. Alerta que la omisión de un verdadero Plan Maestro de Reforma Tributaria implosiona la estructura de impuestos en perjuicio de la economía, las empresas y el ciudadano. “Es necesario construir bases consensuales para celebrar un Pacto Fiscal que permita la recuperación y crecimiento económico”.
El dirigente gremial propuso este debate durante la realización del evento “Análisis legal y económico del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras”, organizado por la Cámara de Caracas en alianza con la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Asamblea de Ciencias Políticas y Sociales.
En esta actividad participó el economista Leonardo Vera, miembro de la ANCE, quien explicó los efectos negativos del IGTF para las personas naturales y pequeños contribuyentes. De acuerdo a lo que se ha conocido de la reforma, Vera señala que una persona que gane 33 dólares al año así como una empresa produzca 133 dólares anuales serían contribuyentes especiales.
Por este tipo distorsiones concluye que con la reforma el IGTF deja de ser un tributo a las grandes transacciones financieras para convertirse en un impuesto a cualquier transacción financiera o no, y no necesariamente grandes. “El contenido de la reforma transgrede la filosofía de la ley, y como tal debe ser anulada”.
Los académicos Juan Cristóbal Carmona y Luis Zambrano Sequín fueron los encargados de comentar las ponencias de los profesores Palacios y Vera. Zambrano presentó estimaciones de la recaudación del IGTF al cierre de 2022.
En el canal de Youtube de la Cámara de Caracas está disponible el “Análisis legal y económico del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=K3DFYgRmKWw&t=6231s
El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, mediante el presente comunicado fija su posición ante sus afiliados, el empresariado y la ciudadanía en general en torno a la gravísima situación que representa y las imponderables circunstancias que derivan de la aprobación de la Reforma de la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, hecha por la Asamblea Nacional en su sesión del día jueves 3 de febrero de 2022.
Considerando
Que el país requiere de inversión nacional y de productividad, lo cual se logra a través de una coherente y sana política fiscal que abarca distintos aspectos, que van de lo monetario, la ordenación macroeconómica, la actividad presupuestaria y el sistema tributario, propiamente dicho.
Considerando
Que el sistema tributario representa un elemento fundamental, para lograr el desarrollo y protección de la economía nacional, la generación de fuentes de trabajo, valor agregado nacional, seguridad jurídica y todos aquellos principios y valores que conforman el régimen económico y social previsto en la Constitución de la República en su artículo 299.
Considerando
Que desde hace varios años se vienen profundizando las distorsiones, la regresividad, la ausencia de técnica legislativa e impositiva, el carácter inflacionario, el incremento de los costos de transacción a través de las distintas variaciones y mutaciones del Impuesto al Débito Bancario (IDB), que han conducido a la vigencia de esta exacción que se apodera de la rentabilidad de los factores de producción.
Considerando
Que el IDB y sus variantes impuesto en su primer momento fueron de carácter extraordinario, es decir, para ejercicios fiscales determinados, terminó convirtiéndose en un elemento permanente en calidad de ingreso ordinario de fuente tributaria para el financiamiento del presupuesto.
Considerando
Que el Impuesto a las Transacciones Financieras se convierte en una grave limitación al ejercicio de la actividad económica, un escollo a la productividad, un incremento de los costos en la adquisición de los insumos necesarios para el proceso productivo y el giro de la actividad económica de las empresas.
Considerando
Que la ley no fue consultada con los ciudadanos, las corporaciones académicas, asociaciones especializadas ni la institucionalidad gremial, lo que viola el artículo 211 de la Constitución de la República.
Considerando
Que la ley otorga una facultad amplísima al Ejecutivo para establecer exoneraciones, en términos que pueden llegar a ser incluso discriminatorios, y que sin duda rompen con el principio de generalidad del tributo, y con el de reserva tributaria.
Considerando
Que toda la tributación aprobada de manera reciente y de forma inconsulta, sin tomar en consideración que la actividad económica requiere de una política tributaria sensata, llevó a la Reforma de la Ley de Registros Públicos y Notarías, la primera discusión de la Ley del Sector Asegurador y ahora con la aprobación definitiva del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.
Considerando
Que este impuesto inflacionario, regresivo, poco técnico, que desatiende la armonización del sistema tributario, afectará la producción de bienes y servicios, las condiciones elementales que garantizan la seguridad alimentaria y el disfrute y goce de otros derechos fundamentales del ciudadano, la equidad de la estructura contributiva y la capacidad adquisitiva del venezolano.
Considerando
Que este impuesto tiene enormes y graves consecuencias no solamente en el proceso de producción, sino en la forma de redistribución de la renta, en las condiciones económicas retributivas de los trabajadores, quienes pueden ver afectadas sus fuentes generadoras de ingreso al cerrarse empresas, agudizando la situación económica y siendo imposible mantenerlas por los efectos de la voracidad y la presión fiscal irracional, lo cual atenta contra los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Considerando
Que el incremento de la alícuota impositiva diferencial para el pago de transacciones financieras en divisas es un problema que agudiza mucho más la situación de acceso a expresiones del cono monetario, haciendo mucho más grave el proceso de dolarización de hecho de la economía lo cual afecta la producción de las empresas y el acceso de bienes y servicios del ciudadano.
Considerando
Que es obligación del sector empresarial y dentro del sentido propio de un régimen democrático previsto en la Constitución de la República como complemento a la consagratoria del Estado Derecho en el país, reclamamos a la Asamblea Nacional el respeto a la participación, al protagonismo y ser sujetos obligados de consulta en los procesos constitutivos de empresarios.
Considerando
Que hace falta una política tributaria acorde con la situación del país y reiterando la gravedad que representa el impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, no solo por la violación de principios constitucionales que ordenan el sistema tributario, sino por los efectos distorsivos de gravedad que generará.
Resuelve
- Solicitar al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional, que en ejercicio responsable del ejercicio del Poder Público y, en especial, de las disposiciones y atribuciones constitucionales proceda a dar uso de la iniciativa a los fines propugnar por la derogatoria del IGTF en virtud de que imposibilita la recuperación y estabilidad económica, presupuestaria, la actividad generadora de bienes y servicios, afecta la capacidad adquisitiva de los venezolanos y los derechos los trabajadores.
- Proceder a una reforma integral, progresiva, que defina un marco de profundización de las Relaciones Fiscales No Gubernamentales, teniendo como eje central la descentralización, estableciendo condiciones favorables a la recuperación, crecimiento y estabilidad económica, la inversión privada y la elevación de nivel de la población.
En Caracas, 08 de marzo de 2022
Leonardo Palacios Márquez
Presidente del Comité Ejecutivo
