El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, fue citado por el Ministerio Público para que comparezca ante la Dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, este lunes a las 11:00 am, en calidad de testigo a los fines de que ofrezca su testimonio en atención a la causa penal que cursa en la Fiscalía Nacional Vigésima, con competencia nacional, distinguida por el número MP-182374-2014/00DDC_F20-0010-2014.
«Estoy en Colombia para presenciar los últimos días de las elecciones (…) y para agredecer a los diarios colombianos el suministro del papel que ha permitido que sigamos publicando periódicos», señaló en entrevista con NTN24.
Otero precisó que no regresará a Caracas porque asistirá al debate presidencial de este lunes entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
«Yo mañana no me puedo presentar, estoy en Colombia y fue una sorpresa la citación. Mandaremos una correspondencia diciendo que no estamos en Venezuela y ellos decidirán qué hacen, si me vuelven a citar o no», recalcó.
Otero añadió que esa correspondencia la enviarán a la Fiscalía en estricto derecho y que en caso de ser citado nuevamente comparecerá.
Considera que esta citación es una continuación del mecanismo de amedrentamiento y de la criminalización de la disidencia en Venezuela ante lo que está pasando. «Además citan a mi hija que no tiene nada que ver con nada, que es una actriz (…) no vamos a cambiar la línea editorial por ese tipo de cosas»
Indicó que las denuncias de magnicidio «es una moda que instauró Hugo Chávez, copia del modelos cubano, donde cada cierto tiempo inventa un magnicidio donde no consiguen armas, no culpan a nadie y no hay ningún plan, es un instrumento para amedrentar y para criminalizar la disidencia».
«Yo no tengo miedo de ir a la cárcel, en Venezuela cualquier ciudadano que no esté con el gobierno puede ir a la cárcel», sentenció.
Otero también ofreció una entrevista a Caracol Radio, señaló que Venezuela está viviendo una dictadura y los órganos de seguridad del Estado están citando a la gente sin ningún motivo, como un mecanismo contra lo que llaman la “criminalización de la disidencia”.
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