El presidente Said debe respetar la institucionalidad y reabrir el Parlamento
La decisión del presidente tunecino, Kais Said, de suspender las actividades del Parlamento y destituir al primer ministro, Hichem Mechichi, coloca a Túnez en una gravísima crisis constitucional. Se trata del momento más delicado de la transición democrática iniciada tras el triunfo en el país de la Primavera Árabe en 2011, una evolución política hasta ahora considerada —con justicia, pese a las muchas dificultades— un faro inspirador para el mundo árabe.
Said ha actuado en base a una muy cuestionable interpretación del artículo 80 de la Constitución. Este permite al presidente adoptar medidas excepcionales en caso de “peligro inminente” que amenace la integridad, la seguridad, la independencia del país, impidiendo el normal funcionamiento de los poderes públicos. Requiere consulta previa con el presidente del Parlamento y con la Corte Constitucional. Y afirma que el Parlamento se considera en sesión permanente durante la vigencia de las medidas excepcionales. Al margen de si la situación fáctica —marcada por una grave crisis sanitaria y económica, protestas y un prolongado bloqueo político— podía ser considerada un peligro inminente de esas características, debe notarse que el líder del Parlamento sostiene no haber sido consultado, la Corte Constitucional prevista por la Magna Carta no ha sido todavía constituida, y el Parlamento ha sido cerrado durante 30 días. A esto se añaden otros inquietantes hechos, como el cierre de la oficina panárabe de Al Yazira. El principal partido del país, el islamista moderado Ennhada, ha calificado la acción de golpe de Estado; otras formaciones con peso parlamentario la han condenado, mientras el influyente sindicato UGTT no ha condenado las medidas, pero reclama una clara hoja de ruta constitucional a Said.
La iniciativa busca sobreponerse a la enconada disputa política entre el sector representado por Said y Ennhada. El prolongado pulso ha agravado la ya negativa situación del país. La población tunecina experimenta un profundo descontento abrumada por la sucesión de crisis de todo tipo. El resultado es una gran frustración al ver que las expectativas de progreso generadas tras el triunfo de la Primavera Árabe no llegan a traducirse en una mejora palpable de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. El hecho es especialmente penoso porque Túnez fue el primer país árabe donde prendió el movimiento que acabó con dictaduras que llevaban décadas en el poder y, a diferencia de otros Estados que terminaron siendo escenario de guerra o caos —Siria y Libia— o de nuevas dictaduras militares —el caso de Egipto—, logró alumbrar un encomiable movimiento de institucionalización democrática. Pese a sus dificultades, ha representado hasta ahora un ejemplo para el mundo árabe.
El problema estriba en que no es lo mismo culminar una transición democrática que hacer llegar a la ciudadanía los beneficios reales de este sistema de libertad. Es imperativo que en Túnez se recupere el diálogo perdido y no poner en riesgo el histórico logro alcanzado en 2011. Ello pasa forzosamente por el respeto absoluto a todas las instituciones. Las soluciones se hallan en los Parlamentos, no cerrándolos. Todos los actores deben ahora actuar con contención para el bien de la democracia tunecina; Said tiene la responsabilidad principal.
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El presidente de Túnez, Kais Saied, en una imagen de archivo.
