La firma del Segundo Acuerdo para la Protección Social del Pueblo Venezolano entre el régimen que encabeza Maduro y la Plataforma Unitaria, que se llevó a cabo en México el fin de semana y que permite descongelar fondos legítimos del país que se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional, replantea con más fuerza el enfrentamiento y la división en el ámbito opositor del país, así como suscita dudas que no se despejarán en lo inmediato, por dos razones al menos:
* La primera es que lo suscrito es el inicio de lo que se supone será un proceso de diálogo y negociación, en el que siguen pendientes de abordarse «los retos políticos, sociales y de derechos humanos a los que se enfrenta el país», como precisó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
*La segunda es si efectivamente los recursos del fondo fiduciario que se creará ―de cerca o más de 3.000 millones de dólares, hay versiones diferentes sobre la cifra― serán destinados íntegra y pulcramente a aliviar la dura y larga crisis humanitaria que padece ese pueblo que ambas partes colocan como el sujeto central del acuerdo firmado.
El problema de fondo, sin embargo, parece ser otro: la arraigada desconfianza que pesa como una losa, y casi por igual, sobre los firmantes del Acuerdo de México.
Sobre el (des)gobierno, por un mandato de más de dos décadas caracterizado por la dilapidación de infinitos recursos financieros que hubieran permitido a Venezuela alcanzar el rango de «país desarrollado», la destrucción de su infraestructura productiva, incluido el saqueo de la industria petrolera; el cercenamiento de las libertades públicas, la “expulsión” del país de más de 7 millones de venezolanos y la violación sistemática de los derechos humanos. Y, sobre todo, la devaluación absoluta de su palabra, hábil solo para la cizaña y la burla.
La oposición, por lo que pudo ser y no ha sido. O lo fue a ratos y se ha extraviado en el camino. Porque tuvo la fuerza, amasada tras decenas de derrotas, de ganar con holgura las parlamentarias de 2015, pero se desinfló; también puso en jaque en 2019 la presidencia ilegítima de Maduro, con el surgimiento del gobierno interino y el respaldo de medio centenar de los países democráticos del mundo, pero no logró la salida del régimen yel fin de semana pasado se sentó a negociar en franca desventaja.
Todo eso, y más, se sabía antes de que Jorge Rodríguez y su comitiva ―incluida la perla de la provocación de rigor― y Gerardo Blyde y la suya se sentaran en México a firmar lo que firmaron.
¿Es pertinente, por tanto, preguntarse como lo hace Blyde «cuál es la otra opción» distinta a la negociación? ¿Se debió esperar a acumular fuerza, porque eso es lo básico en una negociación, antes de convenir nada? ¿Solo ganan Maduro y Estados Unidos, por intermedio de Chevron, con lo que se firmó en México? ¿Podrá| ganar una el pueblo venezolano, si esos 3.000 millones de dólares que Naciones Unidas administraría no los birla, en algún oscuro callejón burocrático, el régimen? ¿Ganaría algo la oposición, fraccionada y con menguada representación, si patea la mesa de negociación? ¿Hay otro lugar para abogar por la liberación de los presos políticos y condiciones para la competencia electoral?
Editorial de El Nacional
