Transcurridos los primeros diez días de este 2024 se mantiene la incertidumbre sobre el panorama político del país que debería concurrir a elecciones presidenciales en algún momento del segundo semestre del año, según lo firmado en el Acuerdo de Barbados del pasado 17 de octubre.
Cada día que pasa es un día menos hacia esa meta, que supone la pronta adopción de reformas electorales que favorezcan una competencia libre y limpia. Es una convicción firme de las fuerzas democráticas y populares -como se evidenció en la masiva primaria del 22 de octubre– que solo unas elecciones con tales garantías podrán ofrecer una perspectiva de solución al hondo drama venezolano.
Hay varios procesos en marcha simultánea de distintas velocidades y distintos actores nacionales y foráneos, de cuyo desarrollo, y confrontación, dependerá la anhelada y urgente transición democrática de Venezuela. Lo que nos hace recordar la complejidad de procesos similares vividos por otras naciones, como la España de mediados de los setenta del siglo pasado, la de Chile de los ochenta y, aún más atrás, nuestro 23 de Enero de 1958, del que en unos días se cumplirán 66 años. Todos exitosos, que es el horizonte al cual aspira con absoluto derecho la sociedad venezolana.
El primero de esos procesos está en el campo de las fuerzas que promueven el cambio político. Hay una enorme tarea por delante que se desprende del mensaje difundido con el año nuevo por la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado en el que expone tres áreas de acción política inmediata con la mira en «la liberación» del país:
uno, una poderosa estructura para la defensa del voto que MCM identifica como la Red 600K, que implica la organización y formación de 600.000 ciudadanos para la contienda electoral;
dos, la construcción de la Alianza Nacional con Venezuela, que supone un nivel de asociación y coordinación de todos los sectores políticos, sociales, empresariales y ciudadanos con el objetivo de la transición democrática;
tres, la «compleja» negociación con el régimen de Nicolás Maduro sobre la base de lo acordado en Barbados.
Las dos primeras tareas, de enorme envergadura, implican retomar el ímpetu y la experiencia de la primaria opositora para construir una fuerza que Machado estima «invencible» y que requerirá, como anunció, líneas políticas coherentes y oportunas y el desarrollo, agregamos, de estructuras organizativas que permitan fijar el foco, evitar el desaliento y sumar cada día más voluntades para la causa del cambio democrático «pacífico y ordenado».
El segundo de los procesos ocurre en el campo del oficialismo, en concreto en la decisión que la Sala Política Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia deberá tomar, si la toma, con relación a la demanda interpuesta por Machado el 15 de diciembre pasado sobre el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
Es preciso considerar, a fines políticos y periodísticos, que la candidata María Corina Machado no se considera inhabilitada, como se explica en este artículo, por cuanto no existe una inhabilitación dictada por el contralor de la República. Además, cualquier inhabilitación de la Contraloría solo afecta cargos administrativos, no de representación popular.
Lo cierto es que el TSJ no ha respondido, aun cuando debía hacerlo en los tres días siguientes a la presentación de la demanda que, recordemos, fue formulada en contra de vías de hecho que pretenden violar derechos fundamentales de Machado y exigió, a la vez, una protección cautelar de los mismos. No demandó, entonces, la nulidad de un acto inhabilitador que no existe.
¿Decidirá algún día el TSJ o correrá la arruga? Y, ¿hasta cuándo puede correrla? En la respuesta, o no respuesta, intervendrá el gobierno de Estados Unidos con la vigencia de la licencia de gas y petróleo otorgada al régimen que vence en abril próximo. Ese es el otro proceso en marcha y el que pueda resultar decisivo, sin olvidar las tareas organizativas y políticas nacionales, para la inscripción de la candidatura unitaria de la oposición. Pero el tiempo corre.
Editorial de El Nacional
