Como era lógico esperar, el gobierno de Portugal se ha hecho presente en Venezuela para asumir la defensa de los portugueses que trabajan, invierten y viven la misma tragedia que padecemos todos en nuestro país. Son innumerables los atropellos que se cometen contra esta comunidad que, a fuerza de constancia y dedicación, ha salido adelante en medio de un ambiente hostil por parte de las bandas armadas y de las fuerzas policiales y militares que han hecho de ella un blanco permanente.
Cada vez que estallan las protestas en los barrios, las primeras víctimas son los abastos, las panaderías, las fruterías, los expendios de licores y cualquier pequeño negocio que abra sus puertas en esas zonas donde, por lo general, los comerciantes no se sienten muy seguros.
Por si fuera poco, las fuerzas policiales y los guardias nacionales no pierden tiempo en ofrecer a estos comerciantes portugueses sus “servicios de protección” a cambio de una suma convenida que debe pagarse quincenal o mensualmente. También las bandas armadas del oficialismo (“colectivos”, como los llama el gobierno de Maduro) cortan su parte del pastel y limpian la zona de indeseables y otros peligros.
Aun así los pequeños comerciantes portugueses siguen trabajando en sus negocios en tan difíciles condiciones, no porque las ganancias sean enormes sino por la ilusión de recuperar la tranquilidad y el progreso personal que existía antes de la llegada del decepcionante socialismo del siglo XXI. Muchos han tenido que liquidar sus pequeños negocios y marcharse a Europa, aunque sin olvidar a Venezuela, donde siempre se les tuvo cariño y respeto.
Vale la pena recordar que la comunidad portuguesa que trabaja en nuestro país está entre las de menor índice en delitos de robo, asaltos, homicidios, violencia familiar y estafas, así como tantos otros delitos de menor cuantía. En eso se diferencia en mucho de los militantes del oficialismo que siembran la violencia y la delincuencia, la extorsión y el asalto a mano armada en las zonas populares.
Como si esa conducta no fuera suficiente castigo, ahora al gobierno desastroso que padecemos se le ocurrió dar puerta libre en los supermercados privados e imponer, a la fuerza y mediante la amenaza de fuerzas policiales y guardias nacionales, los precios de los productos sin tomar en cuenta las reglas del mercado. Desde luego esta conducta irresponsable y fruto de la ignorancia coloca en inminente peligro a toda la plataforma de distribución de alimentos a gran escala tanto en Caracas como en el resto del territorio nacional.
Ayer el canciller de Portugal, Augusto Santos Silva, que viajó a Caracas para tratar el tema, exigió claras reglas de juego para los empresarios portugueses que residen en nuestro país. Muchos de los grandes comercios de alimentos son propiedad de portugueses y constituyen una red confiable y moderna para el abastecimiento de la población.
Según la agencia AFP, el canciller de Portugal, Augusto Santos Silva, en conferencia de prensa junto a su par venezolano Jorge Arreaza, exigió al gobierno venezolano “hacer todo lo posible para conciliar su política de control de precios con la necesidad de los portugueses de tener condiciones (…) para sus empresas, comercios y sus redes de distribución”.
Editorial de El Nacional
