Con la intención de que se inicie un proceso de depuración de fallecidos del registro electoral, Primero Justicia inició un operativo para recoger actas de defunción de ciudadanos que murieron pero aún aparecen registrados para votar, debido a las dudas que han surgido después de los comicios del 14 de abril.
El secretario de organización juvenil del partido, Brian Fincheltub, recordó que en la lista de denuncias de personas fallecidas que el Comando Simón Bolívar constató con la información del Instituto Nacional de Estadística se comprobó que había 180.125 fallecidos en el RE. “Es importante aclarar que no es una lista definitiva porque el que debe publicarlo es el propio Consejo Nacional Electoral”, dijo Fincheltub.
el dirigente admitió que el CNE retiró 121.822 fallecidos que estaban inscritos en el RE, pero aclaró que si se compara esa cifra con la del CSB aún quedarían casi 60.000 (58.303) fallecidos por sacar del sistema. Sin embargo, exigió al CNE que muestre la lista para comprobar si esos 121.822 fallecidos que encontraron coinciden con los que halló el CSB. “No han dicho cuáles son los nombres de estas personas. Estamos esperando que se entregue esta información”, añadió.
Explicó que para su investigación el CSB sólo tuvo acceso a 9 de los últimos 12 años de actas de defunción. Recordó que el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que la Comisión de Registro Civil y Electoral es la responsable de realizar el proceso de depuración de ciudadanos fallecidos en el RE, mediante oficio o por conocimiento de una denuncia.
Por poner un ejemplo, Fincheltub mencionó el caso de Antonio Díaz, un hombre de cédula de identidad 6.618.160, que a pesar de que murió aparece activo en el RE en Delta Amacuro.
Opinó que el CNE no se apura en corregir estas inconsistencias porque “le conviene que la gente no vote, que la gente se desmotive por las dudas que aparecen”.
Redes
El operativo de PJ también recogerá las denuncias de fallecidos en el RE a través de las redes sociales. “Seremos centro de acopio de denuncias y de actas de defunción. Tenemos en Twitter el hashtag #depuremoselre y el correo depuremoselregistroelectoral@gmail.com”, añadió Fincheltub. Recordó que hasta el 19 de julio se pueden hacer denuncias correspondientes a fallecidos en el RE o sobre cambios arbitrarios de centros de votación, de acuerdo con los lapsos establecidos en el proceso de impugnación. Agregó que el viernes 12 de julio el equipo electoral del CSB realizará las impugnaciones previas al RE.
Aclaró que se mantendrá la lucha por que el CNE aclare las inconsistencias del 14A (especialmente sobre el reporte de no duplicidad que exigió el CSB), pero que la oposición no puede detenerse, pues se avecina el nuevo proceso electoral.
“No nos podemos pegar en un tema y olvidarnos de otro. Insistiremos en que salga la verdad del 14A, pero debemos seguir. Seguiremos insistiendo en eso, pero nos vamos a organizar para que las consecuencias de las marramucias sean menores. La lucha por las huellas y el acceso a los cuadernos electorales va a seguir en pie”, agregó.
Cargos vencidos
Los diputados de UNT Carlos Ramos, Hiram Gaviria y Stalin González exigieron a la Asamblea Nacional que se renueven los cargos de integrantes de los poderes públicos que se vencieron: 10 magistrados en el Poder Judicial, 3 rectores del Consejo Nacional Electoral y el titular de la Contraloría General de la República.
“Si escuchamos de una cruzada contra la corrupción, queremos que sea sincera. En Venezuela cada Poder Público tiene competencias específicas y es a la Contraloría a la que le corresponde ese trabajo, pero en este momento tiene menos recursos de los que tenía hace tres años”, expresó Ramos. Pidió a la bancada del oficialismo que se inicie la investigación de los 23 fondos que manejan recursos de presupuestos paralelos que no son autorizados por la AN. Entre ellos, aseguró, está el fondo chino, que tiene denuncias por malversación que no han sido investigadas. A la contralora encargada, Adelina González, le exigió publicar la declaración jurada de los funcionarios del Gobierno en altos cargos.
Fuente: EN
