Ángel Céspedes esperaba un trasplante de riñón. Era paciente del Hospital J. M. de los Ríos en Caracas y apenas tenía 15 años de edad. Murió el 8 de febrero. Antes que él, en enero, falleció Juan Morales, también adolescente y paciente del Servicio de Nefrología del mismo centro de salud. Dos venezolanos en los dos primeros meses de 2022.
Son dos niños que se suman a la terrorífica cuenta de muertes de un hospital que no tiene ni agua y que está paralizado en 90%. El programa de trasplantes que llevaba a cabo su maravilloso personal tiene un poco más de cuatro años paralizado, pero los representantes de las ONG que asisten a las familias de estos pacientes afirman que ya desde 2014 había problemas. Son los años del gobierno de Nicolás Maduro y es a él al que hay que preguntarle por qué se empeña en sentenciar a estos niños a muerte.
A los chavistas no les gusta leer este tipo de noticias en la prensa, sobre todo a Maduro que ahora nombró a la nuera de su primera combatiente como ministra de Salud; debe ser por eso que se empeña en cerrar los medios y bloquear las páginas. Las organizaciones no gubernamentales denuncian los fallecimientos, los periodistas escriben pero su gobierno, incluida la ministra, voltea para otro lado con la mayor de las desidias porque realmente no les duele.
La verdad es que todos, desde el gobierno chavista hasta la oposición, deberían dejar lo que están haciendo inmediatamente y sentarse a planificar cómo retomar los programas, cómo poner a funcionar los hospitales y cómo pagarle lo justo a médicos, enfermeras y demás personal para que estas tragedias dejen de ser noticia.
El año pasado murieron niños de otros servicios, como los pacientes de Hematología. Cada vez que uno de estos angelitos fallece, una familia pierde la esperanza en el país, porque justificadamente no encuentran explicación para que algo tan horrible esté pasando, o lo que es peor, para que no haya nadie que haga algo para arreglarlo.
Por eso, hay que preguntarse ¿cuántos más van a dejar morir hasta 2024? ¿No es suficiente ya el dolor que se le ha causado a las madres venezolanas? Pero también a los padres, a las hermanas, a los tíos y a los primos. Aquí ningún enfermo tiene asegurada su curación. Si por lo menos hicieran algo por los niños que en cada rincón del país sufren y piden a gritos que los dejen vivir, se estarían ganando el cielo.
Esto no puede ser un problema político. Es un problema moral, es una violación directa del derecho a la vida, es un tipo de tortura lenta y horrorosa, llena de odio. Dejar morir a un niño es el más cruel de los delitos y por eso deben ser juzgados.
Lo peor es que sería tan fácil de rectificar.
Editorial de El Nacional
