Según reseñaron varios portales de noticias, este jueves 19 de agosto de 2021, Nicolás Maduro, habría solicitado el miércoles a la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, que garantice «precios equilibrados y razonables» en el mercado del país.
En un acto de Gobierno transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro indicó: «Usted me garantiza, en el transcurso de las semanas y meses por venir, la mayor estabilidad para el abastecimiento y precios equilibrados y razonables en el mercado nacional para el pueblo de Venezuela«.
No queremos lucir inocentes, ciertamente estamos en un año “electoral”, y los señalamientos y las promesas de esta naturaleza se repetirán en cantidad y estridencia. Sin embargo, aprovechamos la ocasión para reiterar algunos temas que trascienden a la coyuntura de Negociación-Elecciones y que indefectiblemente inciden en la calidad de vida de los venezolanos.
Lo hacemos porque en cualquier agenda que pretenda hacer ver que se ocupa del bienestar de los venezolanos -sea anunciada por actores públicos, partidos políticos, políticos e incluso gremios y asociaciones de privados y ciudadanos- se debe incorporar el tema de cuáles son las condiciones mínimas que se requieren para detener la contracción de la economía y siquiera pensar en la posibilidad de un inicio de recuperación de la economía, que siendo inclusiva, pueda implicar una mejora general de las condiciones y de la calidad de vida de los venezolanos.
Primero, independientemente de lo que quiera significar con “Precios Equilibrados y Razonables”, el gobierno no puede sino implicar controlar la inflación de origen y responsabilidad del propio ejecutivo. La ausencia de una política creíble que estabilice el valor de la moneda imposibilita la “razonabilidad” de cualquier precio en términos intertemporales y especialmente ante el depauperado sueldo y salario del venezolano.
Efectivamente el “monopolio” de una acción centralizada y la competencia en materia fiscal y monetaria la tiene el gobierno. Es el propio Poder Ejecutivo, por acción u omisión, responsable de la inflación y la destrucción del poder de compra de la moneda.
Segundo, asimismo, el actual gobierno ha sostenido y perfeccionado el “monopolio”, indeseable e inconstitucional, de hacer de la propiedad privada y sus frutos una concesión graciosa y discrecional, creando un ambiente de inseguridad y desconfianza que constituye en la actualidad, junto con la crisis macroeconómica, los principales males públicos que vive Venezuela en detrimento de cualquier posibilidad de recuperar nuestra calidad de vida.
Es justamente una economía sometida a los caprichos de un gobierno que poco le importa su adecuado funcionamiento o desconoce cómo opera la economía de mercado -el resultado es el mismo- la principal tragedia que va atada a una concepción de sociedad corporativa y juego suma cero, donde el árbitro actúa como juez y parte o como arbitro y jugador a la vez, imposibilitando los juegos e intercambios virtuosos entre particulares que explican y determinan el bienestar de los países y el de sus ciudadanos.
Sin discutir cuál es el marco institucional que requiere una sociedad civilizada y una economía para poder crecer, crear riqueza y bienestar, estamos simplemente dándole tiempo al modelo o modificando levemente la regla de reparto de la renta o de la expoliación en la sociedad suma cero que se nos ha impuesto.
Fuente: Banca y Negocio
Por: Maria Laura Espinoza
Twitter: @i_am_LauEz14
