Marco Hurtado al momento de salir de la cárcel de Ramo Verde en compañía de su esposa, María Pascastillo y su hija, Chiquinquirá Hurtado
Luego de cumplir exactamente 16 años 8 meses y un mes de secuestro judicial de presidio, este jueves quedó en libertad plena el Sub Comisario de la extinta Policía Metropolitana, Marco Javier Hurtado, uno de los nueve funcionarios policiales que fue condenado, siendo inocente, por los sucesos del 11 de abril de 2002.
Hurtado, nacido en Maracaibo el 17 de agosto de 1976, fue detenido el 15 de abril de 2003 luego de ser citado a rendir declaración sobre lo sucedido en el Puente Llaguno y la avenida Baralt del centro de Caracas.
Nunca imaginó que pasarían casi 17 años para volver a la libertad y estar con su esposa y sus dos hijos.
Ocho funcionarios más, entre ellos, los comisarios de la extinta Policía Metropolitana, Lázaro Forero y Henry Vivas, además del Comisionado de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana, Iván Simonovis, fueron detenidos y sometidos al juicio más largo y aberrante de la historia judicial de Venezuela.
Durante el largo proceso judicial, llevado a cabo en Maracay, estado Aragua, por órdenes del entonces Fiscal general, Isaías Rodríguez, fueron revisadas miles de fotografías y videos, además de cientos de testimonios. Nada alcanzó a probar la culpabilidad de estos funcionarios policiales, sin embargo fueron sometidos a largas penas corporales de 16, 17 y 30 años.
La “causa” quedó identificada con el número 1E-1467-10, en ésta Hurtado fue imputado por el delito de homicidio calificado en complicidad, previsto y sancionado en los artículos 84 y 408 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Rudy Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez.
El día 03 de abril de 2009 la juez Cuarta de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, dictó la sentencia condenatoria sin explicar qué pruebas había encontrado para tomar la decisión. Tampoco permitió que abogados y periodistas hicieran preguntas.
Ese día Hurtado fue condenado a cumplir la pena de presidio de 16 años y 8 meses, la cual se cumplió el domingo 15 de diciembre de 2019, y no fue liberado
Durante todo este tiempo Hurtado permaneció recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques.
Faltan 4
El caso de los Policías Metropolitanos del 11 de Abril de 2002 ha sido una de las noticias más reseñadas en los últimos tiempos. La prensa nacional e internacional, así como organismos internacionales tales como la ONU y la OEA se han pronunciando condenando la arbitrariedad cometida contra estos hombres de azul.
De hecho el pasado mes de junio, cuando la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó nuestro país, los familiares de estos funcionarios de la PM tuvieron la oportunidad de rendir sus testimonios.
Durante ese encuentro se destacó, por ejemplo, que el Fiscal general para entonces, Isaías Rodríguez, decidió que el proceso fuera ventilado en un tribunal del estado Aragua para hacer sufrir aún más no solo a los procesados sino a sus familiares.
Ninguna prueba demostró que ellos habían accionado sus armas esa tarde del 11 de abril de 2002 e incluso, las pruebas balísticas demostraron que la trayectoria de las balas no coincidían con la ubicación de estos funcionarios, sin embargo, Arube José Pérez Salazar, Julio Ramón Rodríguez Salazar, Héctor José Rovain, Erasmo José Bolívar, Luis Enrique Molina Cerrada, Marco Javier Hurtado, Iván Antonio Simonovis Aranguren, Henry Vivas Hernández y Lázaro José Forero López, fueron condenados a las penas máximas de 16, 17 y 30 años de prisión.
A pesar de haber solicitado en diversas oportunidades medidas alternativas, Hurtado hoy es puesto en libertad por pena cumplida. Con profundo dolor dejó en la cárcel de Ramo Verde a sus compañeros de cautiverio: Arube Pérez, Héctor Rovaín, Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina quienes deben seguir cumpliendo la pena corporal que injustamente les fue impuesta.
La próxima pena a cumplirse es la de Arube José Pérez, condenado a 17 años y 10 meses de presidio. Esta condena se termina el 15 de febrero de 2021. Todos los demás, condenados a 30 años, deben permanecer detenidos o sometidos a este proceso hasta los años 2033 y 2034.
El agente Julio Ramón Rodríguez, además de los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, se encuentran en su casa purgando la condena de 30 años que le fue impuesta. Estos tres funcionarios recibieron una medida humanitaria luego de presentar graves problemas de salud.
El 15 de junio de 2019 el comisario Iván Simonovis logró escapar del arresto domiciliario que le habían impuesto. En la actualidad se encuentra en los Estados Unidos y se desempeña como Comisionado de Seguridad, designado por el gobierno interino del Presidente Juan Guaidó.
“Chávez me ordenó condenarlos”
En el año 2012, el ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, huyó del país y estando en Costa Rica notarió una declaración en la cual relata que el Poder Ejecutivo en Venezuela ejerce una manipulación sistemática de la justicia.
Luego al llegar a la ciudad de Miami y ofrecer una declaración al canal de televisión “Soi TV” el mencionado funcionario dijo: “Chávez me llamó y me dijo: jode a los comisarios, díctale la pena máxima”.
Según el relato de Aponte Aponte todos estos juicios eran planificados en la Vicepresidencia de la República, es decir, en la oficina de Elías Jaua Milano, quien ejercía el cargo en ese momento. Agregó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, para entonces Luisa Estela Morales, era partícipe de estos planes.
Aponte Aponte reconoció que con este juicio se dio inicio a una manera distinta de administrar justicia.
“Los Policías Metropolitanos fueron los culpables necesarios que el régimen chavista requería para establecer una justicia a la usanza de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, en lo adelante el Poder Judicial jamás volvió a ser imparcial y mucho menos administró justicia”, dijo Aponte Aponte.
Esperando libertad desde el año 2007
De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio a todos estos funcionarios les correspondía, desde el año 2007 y 2012, beneficios procesales tales como Destacamento de trabajo, Régimen abierto, Libertad condicional o Confinamiento, pero ninguno de los jueces o juezas que conoció el caso se atrevió a otorgarlos.
Marco Javier Hurtado trabajó como carpintero mientras estuvo en prisión, en varias oportunidades el tribunal de la causa emitió cómputos de la pena y pronunciamientos favorables en pro de otorgarle medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pero jamás la medida se concretó.
“La juez siempre decía que debía esperar la orden de arriba, de hecho las cartas de buena conducta y los pronunciamientos favorables datan desde el año 2007 y no fue sino hasta hoy 23 de enero de 2020, por pena cumplida, que le otorgaron la libertad”, expresó alguien que conoce del caso.
En este aberrante caso judicial los familiares de todos los condenados, como parte de las penas accesorias que les impusieron, tuvieron que “pagarle” al tribunal de la causa todos y cada uno de los materiales que se utilizaron durante el juicio.
“Tuvimos que contratar tres camiones cava para llevar hasta Maracay las cajas de carpetas, tamaño oficio y carta que nos pidieron, las cajas de click, bolígrafos, resmas de papel, engrapadoras, toner para impresoras y hasta las estampillas que no se utilizaron. Todo lo tuvimos que devolver”, relató uno de los familiares de los procesados.
Además, todos están inhabilitados políticamente, no pueden hacer uso de sus bienes ni ejercer la patria potestad sobre sus hijos hasta tanto culmine la condena y una vez en libertad están sujetos a vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la condena.
Exclusivo Confirmado.com
Yira Yoyotte
Sentencia de acusación
