Tarek William Saab junto a Fatou Bensouda | Foto Prensa Corte Penal Internacional
Ya borraron a Fatou Bensouda de la lista de amigos, porque se enteraron de que la exfiscal de la Corte Penal Internacional, antes de salir del cargo, dejó un informe en el que señala que el régimen venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad. El documento ahora es público y los expertos dicen que pronto Karim Khan, su sucesor, hará pública su decisión sobre el caso Venezuela.
Al fiscal general de Maduro se le llenó el cuarto de agua: sus acciones para detener el proceso fueron en vano. Mientras él tenía esa pretensión e intentaba recursos, desde La Haya evaluaban qué había hecho su despacho para investigar y castigar a los culpables de violación de derechos humanos en los casos que han sido expuestos ante la CPI. Y la conclusión fue clara.
Bensouda afirmó que hay que investigar al régimen porque es demasiado obvia la inacción de la oficina del fiscal general en Venezuela en casos tan elocuentes. Los pocos expedientes que se han investigado y el grupito de funcionarios del régimen procesado por violación de derechos humanos es ínfima. Entonces, se justifica la actuación de la Corte.
El documento evidencia el “número limitado de procedimientos domésticos relevantes relacionados con los potenciales casos identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como el alcance muy limitado en relación con sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
En otras palabras, el régimen no ha castigado a los culpables, ni siquiera ha investigado la línea de mando de los involucrados. Incluso, la exfiscal es clara al decir que “han cometido delitos contra la humanidad mediante el arresto u otra privación severa de libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución contra cualquier grupo identificable por razones políticas”.
Si el Ministerio Público se ha hecho el ciego, sordo y mudo en estos casos, si ni siquiera ha abierto investigaciones que determinen quiénes son los involucrados en los crímenes sin importar su rango o su cargo, si ha omitido procesar a los culpables, definitivamente es cómplice.
Quizás pensaban que con los pocos expedientes que se ufana en mencionar el exactivista por los derechos humanos podían pasar la prueba de la CPI; que con el reconocimiento, tres años después, de que los «suicidios» no fueron tales, podían superar el trago amargo. Pero les salió muy mal la estrategia. Como dicen, la mentira tiene patas cortas. Si creían que por tener “amistad” con la exfiscal Bensouda se iban a salvar, otro gallo cantó. Y falta poco para que la CPI dictamine que se haga justicia.
Editorial de El Nacional
