La inmobiliaria que Banco Popular quiere crear a partir de una parte significativa de los activos inmobiliarios adjudicados que tiene en balance, y cuyas acciones repartirá proporcionalmente entre sus accionistas sin coste alguno para ellos, cotizará en Bolsa desde el mismo día de su formalización, de manera que los títulos tengan la liquidez necesaria para que sus propietarios puedan hacer lo que consideren más oportuno con ellos.
Los responsables de Banco Popular centran su actividad en estos días en ultimar los detalles aún pendientes del diseño de la operación de creación de una compañía inmobiliaria, que aún no tiene nombre, que incorporará activos inmobiliarios por un valor bruto de 6.000 millones de euros elegidos entre los activos adjudicados del banco que, por valor de 11.140 millones de euros, forman parte del balance de la entidad. Y también en conseguir las autorizaciones pertinentes de los supervisores, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, y de las autoridades del Ministerio de Economía, aunque esto último no sea preceptivo.
No existe un calendario concreto para alcanzar la última fase del proceso, pero fuentes conocedoras del mismo señalan que se quiere que sea una realidad en la primera parte del ejercicio 2017, anunciándose su puesta en marcha con la antelación suficiente para convocar una junta general de accionistas del banco, en la que se deberá aprobar la escisión de la inmobiliaria y el reparto de sus acciones entre los titulares del banco, como si se tratara de un dividendo extraordinario.
La compañía empezará a cotizar en Bolsa el mismo día de su constitución y de la entrega de las acciones a los nuevos propietarios de las mismas, y contará con unos órganos de control y de gestión de la compañía totalmente independientes del banco. En este sentido se buscará en el mercado tanto al presidente como al consejero delegado de la nueva sociedad y el consejo de la misma estará formado en su casi totalidad por independientes con formación financiera y conocimientos del sector inmobiliario.
No se descarta que algunos de los principales accionistas del banco, que también lo serán de la nueva compañía, quieran ocupar algún puesto en el consejo, dada su participación accionarial, aunque no es algo que ahora mismo esté encima de la mesa.
El banco tenía contabilizados a finales del pasado mes de junio un total de activos adjudicados valorado en 11.140 millones de euros con un nivel de provisiones que, al cierre de este ejercicio, estará situado en el entorno del 50% tras la aplicación de los resultados generados en el año y de parte de la reciente ampliación de capital de 2.500 millones de euros destinada a aumentar el nivel total de provisiones del banco. Ello quiere decir que aproximadamente la mitad de estos adjudicados (especialmente viviendas, oficinas y locales comerciales terminados y en mucha menor proporción obra en curso y poco suelo en desarrollo) se integrarán en la compañía.
El pasivo de la sociedad estará compuesto por capital, que desembolsará el banco y cederá a los nuevos accionistas; deuda subordinada que comprará Popular; y financiación externa para la que, según fuentes del mercado, existe en la actualidad una elevada demanda potencial, que se concretará en función de la remuneración del bono que se emita y de la relación existente entre capital y deuda subordinada y el resto de la financiación.
No está determinado aún el reparto del pasivo entre el capital, los instrumentos subordinados y el resto de la deuda, pero está claro que los dos primeros deben tener un peso suficiente para que la decisión de los inversores institucionales externos de financiar la inmobiliaria tenga las garantías suficientes de que la operación va a resultar rentable y segura.
La compañía no sólo contará con nuevos órganos de control y gestión sino que se dotará de personal suficiente para desarrollar la actividad que exige la creación de una de las inmobiliarias más importantes nacionales.
La escisión es la forma más eficiente financieramente y esto queda claro si se compara, por ejemplo, con la venta a un inversor mayorista, ya que para los accionistas tendrían un coste superior y equivalente a la rentabilidad exigida por dicho fondo.
Fuente: Expansión
