Un tercio de las divisas otorgadas por Cadivi en 2012 fueron a parar a importaciones ficticias, mientras comerciantes son extorsionados por funcionarios encargados de la fiscalización de los precios.
Una serie de distorsiones económicas ha generado la permanencia por más de 10 años del control de precios y de cambio, pero también ha causado irregularidades y corrupción por parte de los funcionarios que deben velar por el correcto manejo de las actividades administrativas de los entes públicos.
El Gobierno ha señalado en su discurso de la economía socialista que los empleados públicos deben trabajar en beneficio del pueblo y deslastrarse de los «vicios del capitalismo», pero 14 años han pasado y aún no ha podido inculcar esos valores en el llamado «hombre nuevo».
Fuente: El Mundo
