La operación busca encontrar pruebas en el marco del caso de corrupción de la estatal Petrobras que se apropió en forma ilegal 2 mil millones de dólares entre 2004 y 2014.
Agentes de la Policía Federal irrumpieron hoy en las residencias oficiales del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha; de dos ministros del Gobierno de Dilma Rousseff y de otros políticos, en una operación para obtener pruebas sobre las corruptelas en la estatal Petrobras.
Además de la casa de Cunha, fueron registradas las de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique Eduardo Alves, así como las del senador Edison Lobao y del diputado Aníbal Gomes, todos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer.
Las operaciones fueron ordenadas por el magistrado Teori Zavascki a petición de la Fiscalía, que investiga desde hace meses denuncias sobre la supuesta participación de políticos en la red de corrupción en Petrobras, que, según la propia petrolera, se apropió en forma ilegal de 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.
Las autoridades policiales informaron de que también realizaron operaciones similares en la residencia particular de Cunha, en Río de Janeiro, y en sus oficinas en la Cámara de Diputados.
El senador Lobao fue ministro de Minas y Energía durante el primer mandato de Rousseff y también había ocupado ese cargo durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de la mandataria.
Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos unos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero que ha sido comprobada por la propia Justicia helvética.
Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, fundamentado en unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados.
La oposición sostiene que esas maniobras suponen un «delito de responsabilidad», que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.
El proceso contra Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por la Corte Suprema tras atender una demanda oficialista que solicita esclarecer la forma en que será realizado el trámite.
Por las acusaciones que la Fiscalía ha formulado en su contra, Cunha responde también a un juicio político en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que le pudiera despojar de su escaño si considerase que los cargos tienen fundamentos.
Fuente: La Tercera
