En dos años que tiene en vigencia el Plan Cayapa Judicial, emprendido por el Ministerio de Servicios Penitenciario desde enero de 2012, han sido dejados en libertad por lo menos 13.224 reclusos de todas las cárceles del país.
Esta cifra surge de los 9.600 reos que fueron beneficiados, según el informe de la memoria y cuenta del 2012, publicado por el despacho de Iris Varela y los 3.624 que fueron liberados en 2013, según lo informó la magistrada Gladys Gutiérrez la semana pasada, durante la apertura del año judicial 2014 del Tribunal Supremo de Justicia.
Según la memoria y cuenta de Varela, a los reos beneficiados se les otorgaron libertades condicionales o plenas, de acuerdo a lo que les correspondía. En el documento se decía que en Venezuela había 46.125 presos, de los que solo 4.669 estaban penados y 38.125 eran procesados.
El Plan Cayapa consiste en constituir tribunales itinerantes en los penales para atender los casos de retardo procesal de los reclusos que lo requerían.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado al país quiénes son estos más de 13.000 presos que fueron liberados, ni qué delitos cometieron, o quiénes son, a pesar de que cuando arrancó el plan, la ministra Verela indicó que serían publicados sus nombres y números de cédula, para no causar alarma en la población.
«Lo que ha ocurrido con el Plan Cayapa es muy similar a lo que pasó con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, en 1999, que fueron dejados en libertad un montón de presos sin ningún control», expresó la abogada y exdirectora de prisiones Mónica Fernández.
La experta destacó que lo importante es saber bajo qué figura jurídica fueron liberados estos reclusos. «Hay qué ver quiénes son los jueces que están otorgando libertades, porque el problema es que ponen a unos que no tienen jurisdicción en esas causas sólo para dejarlos libres», dijo.
El abogado Wilmer Lineros, experto en derechos humanos, explicó que las leyes venezolanas establecen claramente los pasos para que se pueda dar la libertad a un interno, con fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena (destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional).
«Si no se sigue lo que dice la ley se está alimentando la impunidad y al no haber seguimiento postpenitenciario, podría aumentar la reincidencia, dijo el jurista.
El Universal
