El día de hoy el Comisionado para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, participó en el foro “DDHH en Venezuela. Una visión global del conflicto venezolano”. En el foro, el Comisionado habló sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que aseguró: “Lo que ha venido ocurriendo dentro del sistema ONU es un cambio de paradigma respecto a cómo era visto Venezuela dentro del sistema multilateral. Nuestro país hoy está sujeto a procedimientos especiales como lo es la Misión de Verificación de los Hechos y sujeto a la evaluación de la situación de DDHH”.
Asimismo comentó que el conjunto de actualizaciones realizadas en el Consejo de Derechos Humanos por la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, explican elementos como: “el espacio democrático, es la primera vez que en Consejo de DDHH se evalúa la situación de este concepto, que involucra los derechos civiles, políticos, libertad de expresión, derechos de asociación, derecho a elegir. Bajo este paradigma se ha podido analizar que las más de 120 sentencias contra la Asamblea Nacional han destruido la capacidad institucional en Venezuela”.
De igual forma comentó que la Alta Comisionada Bachelet dio su opinión de manera firme con respecto a la decisión del ilegal Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto al nombramiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral por la vía judicial, sin ningún consenso de las partes políticas, sin respeto de los procedimientos y menoscabando el espacio democrático.
Por otra parte, Pizarro explicó que este informe también habla de la dificultad que tienen las víctimas de violaciones de DDHH o sus familiares de acceder a la justicia, así como también los presos políticos o los opositores al régimen. También se demuestra “cómo los detenidos son aislados, pueden pasar días con los ojos vendados y las manos esposadas, como son sometidos a palizas y a electrocuciones en sus párpados o genitales, ahogamientos con bolsas plásticas y químicos; así como también el acoso a sus familiares y la negación al acceso a la justicia”.
Pizarro finalizó su intervención resaltando que en el informe del ACNUDH: “Hay elementos suficientes para afirmar que elementos armados, grupos irregulares, grupos guerrilleros, grupos al margen de la ley en control de armamentos son quienes tienen control de la actividad económica y del espacio territorial del Arco Minero del Orinoco. Existen mafias entre grupos irregulares, elementos irregulares y Fuerza Armada, para mantener este ecosistema que ha replicado el modelos de organización del pranato; que, además, son los responsables de las masacres indígenas, de la destrucción de tierras ancestrales, la explotación laboral, el tráfico de personas y la explotación de mujeres con fines sexuales y delictivos”.
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