Este jueves, el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, ofreció declaraciones a propósito de la presentación del nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, el cual, en esta ocasión, se centra en el papel del sistema judicial en las investigaciones y el papel de los actores del sistema de justicia en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes.
“Este nuevo informe no solo reafirma la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela a pesar de las recomendaciones y denuncias realizadas por organismos internacionales, sino que también evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de Derechos Humanos en el país y que en Venezuela no hay posibilidad de justicia bajo el sistema ordinario. Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación la verdad y la justicia a las víctimas y el Estado Venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y no está en disposición de hacerlo”, expresó Pizarro.
En este nuevo informe, la Misión profundiza sus exámenes sobre el papel de los actores del sistema de justicia venezolano en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes. La investigación se centra en el papel del sistema judicial en la investigación y el enjuiciamiento de los opositores y en la perpetuación de la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos contra ellos. No obstante, la Misión también informó que sigue preocupada ante las constantes denuncias que incluyen homicidios consistentes con patrones documentados de ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos; así como violaciones de DDHH ocurridas en el Arco Minero del Orinoco.
Sobre los detalles del informe, el Comisionado comentó: “La Misión realizó un análisis detallado de casi 200 detenciones de opositores ocurridas entre 2014 y agosto de 2021, en las que se reportan desapariciones forzadas, casos de tortura, violencia sexual, tratos crueles e inhumanos, presentación de pruebas falsificadas y manipuladas, coacción para obtener declaraciones de los detenidos y, sobre todo, la falta de independencia del sistema judicial. El régimen maneja todos los hilos de la justicia en Venezuela a su antojo”.
Pizarro también destacó la ausencia de investigaciones y juicios a funcionarios de alto nivel, explicando que el informe revela que solo los perpetradores de menor rango enfrentan un proceso penal pues las investigaciones del sistema judicial venezolano hacen caso omiso a las investigaciones más arriba en la cadena de mando.
“El informe además reafirma algo que hemos venido denunciado desde hace meses: en mayo el régimen habló del traslado de presos políticos a centros de detención del ministerio de Servicios Penitenciarios, pero esta orden no se ha cumplido. En las instalaciones del SEBIN y la DGCIM continúan ingresando y torturando a todo aquel que denuncie y se oponga al régimen. El caso de la detención de Freddy Guevara enviado al SEBIN El Helicoide, los caso de los miembros de FundaRedes son ejemplo claro de que el régimen nunca ha tenido la intención de remediar las violaciones a los derechos humanos y acatar las recomendaciones que ha hecho la propia Misión de Determinación de los Hechos y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos”, comentó el Comisionado.
Para finalizar, Pizarro agradeció el trabajo de la Misión y reconoció la valentía de víctimas y familiares de violaciones de Derechos Humanos, quienes han visibilizado y denunciado constantemente las acciones del régimen: “Es importante continuar documentando los casos de violación de derechos humanos porque todo ello permitirá hacer justicia e iniciar un proceso de reparación de las víctimas. En este informe, además hay declaraciones importantes de jueces y fiscales que también han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por parte del régimen. Cada uno de estos de estos testimonios, y cada uno de los informes y actualizaciones emitidos por organismos de Derechos Humanos nos acercan a los procesos necesarios para alcanzar la justicia para los venezolanos”.
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En la rueda de prensa ofrecida por los representantes de la Misión, Marta Valiñas, presidenta de la Misión informó que los ataques documentados están dirigidos a oponentes políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, y todos aquellos considerados amenazas al gobierno y que, en lugar de dar protección a las víctimas de crimines y violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos. También expresó que el régimen venezolano se ha rehusado a responder las comunicaciones de la Misión.
Por su parte, Francisco Cox, miembro de la Misión comentó que la investigación revela que los fiscales y otros miembros del sistema de justicia formaron parte clave de varias de las detenciones documentadas, y que en muchos casos los jueces mantienen las detenciones basados en evidencia manipulada lo que impide a los defensores realizar su trabajo y atenta contra el debido proceso. Además expresó que a la Misión le preocupan que muchos detenidos fueran devueltos a la custodia de agentes de seguridad que han participado en la violación de derechos humanos.
La Misión de Determinación de los Hechos fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019, posteriormente en septiembre de 2020 presentó su primer informe y en octubre de ese mismo ño el Consejo prorrogó su mandato por dos años más hasta septiembre de 2022
