La polarización y el miedo a Trump hacen difícil la aprobación de la reforma migratoria en EE. UU.
El entusiasmo que generó entre millones de estadounidenses que votaron por Joe Biden y entre quienes permanecen en el país del norte sin definir su estatus migratorio la reforma presentada la semana pasada por los congresistas de su partido, el Demócrata, contrasta con lo empinado de la cuesta que encontrará en el Senado. También, con el escepticismo sobre sus posibilidades de éxito, fácilmente palpable entre los conocedores de la política de EE. UU.
El futuro de los masivos
Y es que para ser aprobado, el paquete de normas requiere el respaldo de por lo menos 60 senadores, lo que obliga a los demócratas a convencer a diez de sus colegas del otro lado del pasillo y así concretar una de las principales promesas de campaña del ganador de la contienda del año pasado.
En otro contexto, conseguir esta decena de respaldos tal vez sería más factible. Pero esta vez, el margen de negociación es muy estrecho –puede agotarse con el proyecto que incluye un plan de alivio para la economía por 1,9 billones de dólares– y está contaminado por el factor Donald Trump.
Que el aprobarla traiga beneficios para todos los estadounidenses, más allá de su filiación política, queda relegado
a un segundo plano.
Así algunos integrantes republicanos de la Cámara Alta vean con buenos ojos una reforma que, entre otros puntos, les abre las puertas de la ciudadanía a los llamados dreamers –inmigrantes llegados al país siendo niños, así como los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y los trabajadores agrícolas inmigrantes–, el temor de ser señalados como traidores por Trump tiende a imponerse, por desgracia. Hoy por hoy, adoptar cualquier postura diferente a la de la colectividad a la que se pertenece implica un costo que muy pocos están dispuestos a asumir.
Poco importa que la iniciativa sea lo suficientemente clara respecto a qué inmigrantes pueden aspirar a legalizar su situación: lo podrán hacer únicamente aquellos que superen estrictos filtros que garantizan que en su tiempo de permanencia informal no han infringido la ley.
Con todo, quedan incógnitas por resolver. Una de ellas pasa por los empresarios que respaldan a congresistas republicanos, pero que necesitan urgente de la mano de obra que pueden aportar los inmigrantes. Otra tiene que ver con que la reforma permitiría que por lo menos diez millones de extranjeros adquieran un estatus que les garantizaría derechos, pero que también los obligaría a pagar impuestos en un momento de profunda crisis económica. El proyecto es claro en que para aspirar a la llamada green card –tarjeta de residencia–, los inmigrantes tienen que haber pagado impuestos en el tiempo en que estén cobijados bajo el estatus de protección temporal propuesto.
Que incorporar a estas personas a la economía pueda representar grandes beneficios para todos los estadounidenses, más allá de su filiación política, queda relegado a un segundo plano cuando el debate político llega a tal grado de polarización que impide ver más lejos del propio orgullo, en este caso de los republicanos. Pensar en grande, con sentido de lo colectivo, superando diferencias políticas, es imposible en sociedades así de polarizadas. Valga decir que Colombia, con los pasos dados frente al desafío de la migración venezolana, ha optado por el camino opuesto. Por fortuna.
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