La discusión por el nuevo contrato colectivo del sector petrolero se inició con un enfrentamiento entre directivos de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela. “Tenemos un cumplimiento parcial de 80% de la convención que vence en octubre”, sostiene Wills Rangel, presidente de la Futvp.
Esta afirmación hizo que José Bodas, secretario general de la federación, le respondiera: “Pdvsa ha incumplido en 80% la contratación, y sólo se remite a pagar salarios y la tarjeta de alimentación”. Acusó al presidente de la Futvp de “secuestrar la discusión de la nueva convención a los seguidores de su corriente”, y de dejar fuera a otros dirigentes sindicales que incluso apoyan al Gobierno.
Entre los representantes sindicales vinculados al oficialismo hay reticencia a señalar de cuánto sería la aspiración, mientras que Bodas indica que cualquier incremento debe al menos homologar lo que pagan empresas manufactureras en el país. “Si el salario básico se establece en 200 bolívares diarios, todavía se está lejos de igualar lo que pagan las empresas petroleras en otros países, pero al menos se compensaría parcialmente la inflación que se ha registrado en los dos últimos años”, dijo Bodas.
El secretario general de la Futpv aseguró que la aspiración debe partir de incrementar este salario en no menos de 70%. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, desde octubre de 2011 -cuando entró en vigencia la actual convención petrolera- hasta finales de junio de este año la inflación acumulada alcanza 64%.
Bodas también señala que la tarjeta electrónica de alimentación del sector petrolero -que está en 3.700 bolívares mensuales- debe incrementarse de acuerdo con la inflación que registran los alimentos. El Instituto Nacional de Estadística indica que la canasta alimentaria normativa -la necesaria para que una familia no se encuentre en situación de desnutrición- está en 2.737 bolívares, mientras que la medida por el Cendas, de acuerdo con los hábitos de consumo de la dirigencia sindical, está en 5.550 bolívares.
Recuadro
Reglamento inconstitucional
Los dirigentes sindicales Orlando Chirinos y José Bodas señalaron que el reglamento especial para el sector eléctrico que establece sanciones administrativas, civiles y penales es una forma más del Ejecutivo de intentar imponer acciones que tiende a “la criminalización de la protesta” y “fomentar la persecución contra los trabajadores”.
Señalaron que esta normativa tiene un antecedente con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la cual se utiliza en Pdvsa y en las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana para evitar protestas y asumir como actos de sabotaje cualquier reclamo laboral que puedan ejercer los trabajadores de estas compañías.
Advirtieron que este tipo de resoluciones violan la Constitución, y acusaron a una fracción de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de prestarse para perjudicar la fuerza laboral y favorecer los intereses patronales del Estado.
Además advirtieron sobre cómo estas normas, que consideran represivas, implican la militarización de las empresas públicas al delegar las acciones y la gerencia a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Fuente: El Nacional
