El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2022) dejará Barbadillo, conocida como la cárcel de los expresidentes de Perú, para pasar a la prisión común de Ancón II, en el norte de Lima, después de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) reconsiderara su decisión de que estuviera en el centro penitenciario reservado para exmandatarios.
Es la primera vez que un exmandatario peruano es enviado a una prisión común en lugar de Barbadillo, que se creó en 2007 para albergar a Alberto Fujimori (1990-2000) y que ha acogido a los distintos expresidentes enviados a prisión preventiva o condenados a cárcel en los años posteriores. Actualmente están allí Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2023).
El anuncio del Inpe
El Inpe, la oficina penitenciaria encargada del control y administración de las cárceles peruanas, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció el jueves que había anulado la resolución que enviaba a Vizcarra a Barbadillo y este viernes informó que, tras una nueva evaluación, decidió mandarlo a una prisión común sin detallar los motivos.
De acuerdo a la entidad penitenciaria, Vizcarra se le reclasificó a la cárcel de Lurigancho, una de las más pobladas de Latinoamérica, pero precisó que, por razones de seguridad, lo recluirían ahora en la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, que cuenta con instalaciones más modernas.
«El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica», apuntó el Inpe en un comunicado.
En los días previos se especulaba con que Vizcarra no debería estar en Barbadillo porque los delitos que se le imputan se cometieron presuntamente fuera del mandato presidencial, algo que también ocurrió en los casos como el de Humala, condenado en primera instancia por lavado de dinero al recibir aportes de Hugo Chávez y Odebrecht para sus campañas electorales.
Acusado de sobornos
Las autoridades recluyeron la semana pasada en prisión preventiva por cinco meses a Vizcarra, a la espera de que concluya el juicio donde está acusado de haber recibido presuntamente sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).
Hasta ese momento Vizcarra había acudido a todas las citaciones de la Justicia a la vez que realizaba actividad proselitistas con miras a las elecciones de 2026, donde figura entre las primeras opciones en intención de voto en varias encuestas, pese a contar con tres inhabilitaciones por parte del Congreso.
El exmandatario conserva una alta popularidad por haberse enfrentado durante su mandato presidencial contra las fuerzas conservadoras del Congreso, la mayoría de derechas, que se opusieron a la reforma política y judicial que buscaba impulsar desde el Palacio de Gobierno.
«El presidente del Inpe y su ‘junta clasificadora’ tendrían que ser denunciados por abuso de autoridad, denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables. Tortura psicológica. Persecución política», advirtió en la red social X el exministro Alejandro Salas, que actúa como portavoz de Vizcarra.
El rechazo frente al traslado de Vizcarra
El exdirector del Inpe y exministro del Interior Wilfredo Pedraza señaló en declaraciones al Canal N que esta decisión tomada contra Vizcarra «es una arbitrariedad y un despropósito».
«Me parece que no hay un elemento técnico y que entra ya un factor político», aseveró Pedraza, quien recordó que «la única razón por la que existe Barbadillo es que era imprescindible dotar a Fujimori de un espacio de garantice su seguridad por su condición de expresidente».
Para la familia del exgobernante, «se está consumando un atropello sin precedentes» en la nación suramericana, según comentó este viernes su hermano Mario Vizcarra.
El hermano del exmandatario declaró al Canal N que están en gestiones para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) «cómo en el Perú se violan los derechos de una manera flagrante».
«Estamos ante un atentado vil y canallesco, que ya sabemos de dónde viene», dijo Mario Vizcarra y a continuación agregó que el Inpe «depende del Ministerio de Justicia y de la Presidencia» de la República.
Comentó que el expresidente estaba en un ambiente seguro en Barbadillo, «sin comodidades de ningún tipo» y que no había tenido contacto con los otros exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), también internos en ese penal, a pesar de que comparten un patio.
El hermano del exmandatario indicó que la familia va a reunirse para ver «qué acciones tomamos», tras reiterar que Vizcarra «es un ser humano que están vejando».
La apelación de la defensa será estudiada
Entretanto, un tribunal de apelaciones de Perú evaluará el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) contra la prisión preventiva por cinco meses dictada en su contra la semana pasada, a raíz del juicio por presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), de acuerdo con una resolución judicial difundida este viernes en Lima.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concedió el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la resolución que le impuso prisión preventiva por cinco meses y elevó el caso al Tribunal de Apelaciones, informó la Corte Superior Nacional en su cuenta de la red social X.
La defensa de Vizcarra citó varios errores de forma y fondo en la solicitud de prisión preventiva dictada contra el exmandatario, entre los cuales mencionó que se haya argumentado que no tiene arraigo familiar, pues tiene esposa y un hijo menor de edad que cursa estudios escolares.
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, también rechazó que se afirme que no tiene arraigo laboral, pues su cliente presentó el contrato con una empresa, a pesar de que la administra su esposa, y otro vínculo de asesoramiento con el partido Perú Primero, fundado por Vizcarra con miras a las elecciones generales del próximo año.
Fuente: EFE
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— Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) August 22, 2025
