Chávez, de 33 años, es una abogada nacida en la provincia de Tacna, fronteriza con Chile, y ejerció anteriormente como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno actual, un cargo por el que fue censurada por el Congreso.
El mandatario de Perú, Pedro Castillo, nombró este viernes como quinta presidenta del Consejo de Ministros a Betssy Chávez.
Se trata de una persona que hasta el momento se desempeñaba como titular de Cultura y está siendo investigada por la Fiscalía por presuntamente contratar a sus allegados para cargos públicos.
“Por el respeto al estado de derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí juro”, dijo Chávez en una ceremonia fugaz.
Allí estuvo presente además su predecesor, Aníbal Torres, cuya renuncia aceptó Castillo minutos antes de la medianoche.
El pasado 14 de noviembre, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra la autoridad.
Esto, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado contra Chávez.
La investigación fue abierta después de que el programa dominical Cuarto Poder denunciara que Chávez había contratado en el Ministerio de Cultura.
Esto, además de supuestamente haber facilitado el vínculo con otra entidad estatal a los familiares del empresario Abel Sotelo, con quien tiene relación personal.
Chávez es congresista, un puesto para el que se postuló por Perú Libre, un partido autodenominado marxista y que llevó también a la Presidencia a Castillo.
No obstante, ella abandonó en diciembre pasado esa formación, al igual que hizo el mandatario meses después.
5ta presidenta del Consejo de Ministros de Perú
Chávez se convierte en la quinta presidenta del Consejo de Ministros desde que Castillo asumió el poder en julio de 2021.
Lo anterior, tras la renuncia presentada ayer por Torres ante la decisión de la mesa directiva del Congreso de rechazar “de plano” un voto de confianza que el hizo la semana pasada.
La mesa directiva del Congreso tomó esta decisión “por tratarse de materias prohibidas para su planteamiento”.
Agregó que, a pesar de que el pedido de confianza es “una facultad discrecional prevista para los ministros de Estado. Debe cumplir con requisitos constitucionales y legales vigentes”.
En ese sentido, Williams dijo que el planteamiento realizado por Torres “es un claro intento de arrogarse la facultad exclusiva y excluyente del Congreso”.
Lo anterior, “de aprobar o no la confianza y de interpretar el sentido” de este tipo de solicitudes.
Al presentar la semana pasada el pedido de confianza ante el pleno del Congreso, Torres advirtió que la Constitución señala que la negativa a un voto de confianza se establece cuando el pedido es “rehusado” y no expresamente “rechazado”.
Adelantó, por ese motivo, que si se declaraba inadmisible la sola posibilidad de recibir el proyecto, se tomaría como una negación de la confianza.
EFE
