El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada el Reporte de Competitividad Global 2018. El puesto de media tabla del Perú (63 de 140 países) refleja, por un lado, su fortaleza macroeconómica y, por otro, las debilidades en los pilares de mercado laboral, instituciones, infraestructura e innovación. Según el WEF, la competitividad se define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Por ello, los resultados del reporte también explican, en parte, el deterioro de la productividad en el Perú.
DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD
El PBI potencial de una economía representa el producto que podría generarse con el empleo y capital instalado. Así, el crecimiento potencial se compone de la contribución de los dos factores de producción, capital y trabajo, y el avance de la productividad en el uso de estos factores, conocido como productividad total de factores (PTF). El comportamiento de la PTF ha respondido a las políticas económicas del país en distintos períodos.
Según el BCR, durante las décadas de 1950 y 1960, la PTF creció significativamente debido a condiciones internas y externas favorables, mientras que, durante las décadas de 1970 y 1980, las políticas proteccionistas y la economía centralizada impactaron negativamente en la productividad. Desde la década de 1990, la PTF se ha recuperado debido a las reformas orientadas hacia una economía de mercado. Sin embargo, desde el 2011, este avance se ha desacelerado en parte por “la creciente rigidez laboral y las regulaciones excesivas”. No deja de llamar la atención la manera explícita en que esta vez el ente emisor se ha referido a la agenda pendiente y a las causas del retraso.
REFORMAS URGENTES
Varias de las reformas necesarias planteadas por el BCR se reflejan precisamente en las debilidades presentadas en el reporte de competitividad del WEF. En primer lugar, el Perú ocupa el puesto 72 en el pilar de mercado laboral. Entre los indicadores más rezagados de este pilar se encuentran las prácticas de contratación y despido: el Perú se ubica en el puesto 128 de 140 países. Con ello, el país se ha ubicado en el tercio inferior de este indicador en los últimos seis años. La interpretación del Tribunal Constitucional del 2001 que en la práctica imposibilita el despido de ciertos trabajadores –y que disparó los contratos temporales sobre los contratos a plazo indefinido– juega un rol fundamental aquí.
Por su parte, el pilar de instituciones del WEF, también reseñado por el BCR, presenta serias debilidades. El Perú ocupa el puesto 90 en dicho pilar debido, en parte, a la fuerte carga regulatoria que deben enfrentar las empresas que operan en el país. En este indicador, el Perú se ubica por largo en el tercio inferior (puesto 128) y es el sexto peor resultado en América Latina. De acuerdo con la OCDE, por ejemplo, el país “carece de una política regulatoria de gobierno integral”, “los inventarios de leyes, reglamentos y trámites son de difícil acceso, y no hay un registro único que los incluya a todos”, y “no hay una línea de base para medir las cargas administrativas”. La adopción de metodologías de análisis de impacto regulatorio (RIA) –es decir, una suerte de estimación sobre los costos y beneficios de cada regulación antes de implementarla– es una de las recomendaciones de la OCDE al respecto.
En el mismo sentido, el BCR sostiene que para fortalecer las instituciones y elevar la calidad regulatoria es necesaria la estandarización de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA). Los TUPA son documentos de gestión creados para brindar al ciudadano la información necesaria relacionada a trámites administrativos de una determinada entidad pública. Según el BCR, esta estandarización se podría lograr mediante una profundización de la reforma iniciada con el Sistema Único de Trámites. Al respecto, según la OCDE, “el Perú no ha desarrollado una política regulatoria para gobiernos subnacionales, y como resultado existe una coordinación limitada entre los niveles de gobierno central y subnacional”.
Otro débil desempeño se registra en el pilar de infraestructura. A pesar de la mejora de tres posiciones en dicho pilar, el Perú ocupa el puesto 85. El indicador más débil es la calidad de las carreteras (posición 108), muy por debajo de Chile (24) y México (47). Las cifras disponibles más actuales muestran que si bien el 56,4% de la red vial nacional tiene un buen estado de transitabilidad, este porcentaje cae para las redes departamental (18,9%) y vecinal (10,0%). Más aún, el 36,6% de la red departamental tiene mala calidad, así como el 49,2% de la red vecinal. En ese sentido, el BCR propone incorporar el mecanismo de fideicomiso público para mejorar la eficiencia en la ejecución de inversión pública y cerrar las brechas de infraestructura.
Por último, en el pilar de innovación, el Perú retrocedió una posición y se ubica en el puesto 89. Entre los indicadores más débiles, se encuentra el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) con la posición 108. Según el Primer Censo de I+D publicado en el 2017, el gasto en dicho rubro solo alcanzó el 0,1% del PBI, muy por debajo del registrado en México (0,6%) y en Chile (0,4%).
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