La petrolera introdujo el requerimiento ante la Corte Federal de Apelaciones del 3er. Circuito de Estados Unidos
La petrolera estatal Pdvsa pidió a una corte en Delaware dejar sin efecto su decisión a favor de la minera canadiense Crystallex que la que autoriza a incautar las acciones de PDV Holding, la filial estadounidense de la compañía venezolana.
En un comunicado divulgado en Twitter la noche del sábado, Petróleos de Venezuela S.A. indicó que introdujo el viernes ante la Corte Federal de Apelaciones del 3er. Circuito de Estados Unidos el requerimiento para emitir una orden a la Corte del Distrito de Delaware para que reconozca que esa instancia «ha sido despojada de jurisdicción con respecto a Pdvsa y sus activos», mientras esté pendiente la resolución de la apelación.
El juez Leonard P. Stark de la Corte del Distrito de Delaware emitió el jueves pasado un fallo a favor de Crystallex en la que autoriza la emisión y notificación de una orden de embargo de las acciones de las refinerías y otros activos de Citgo, la filial estadounidense de Pdvsa, como parte de una compensación de 1.400 millones de dólares por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en Venezuela.
El ahora fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores. A comienzos de 2009, Chávez anunció la toma por parte del gobierno venezolano de las operaciones de firmas canadienses en el estado Bolívar, una región rica en minerales con uno de los yacimientos de oro más grandes del continente, reseñó la agencia AP.
Ya el 9 de agosto el juez Stark determinó que las acciones de Citgo estaban sujetas a embargo.
Crystallex pasó años tratando de negociar un acuerdo con Venezuela, antes de presentar su caso ante un panel de arbitraje del Banco Mundial, que se puso del lado de la firma canadiense.
Caracas apeló vigorosamente. Los analistas advierten que el fallo podría desencadenar una disputa por parte de una lista de acreedores a quienes les adeudan unos 65.000 millones de dólares en bonos que Venezuela ha dejado de pagar en el último año.
AP
