Los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro podrían estar más cerca de tener que sentarse en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI) para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Natasha Niebieskikwiat
El fiscal de La Haya, Karim Khan, ha sido lapidario. Existe una base razonable para creer que en Venezuela se ha cometido «un ataque sistemático contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) y la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
Así lo asegura en un documento de 22 páginas presentado el 30 de marzo ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en el que desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por el régimen de Maduro para intentar frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Se trata del caso «Venezuela I» que abrió la anterior fiscal de la CPI, la gambia Fatou Bensouda, gracias a la denuncia presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.
En 2021, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner decidió bajarse de esta denuncia colectiva, por considerar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo».
Nada más alejado de la realidad. En su documento, el fiscal de la Corte Penal sostiene que “al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación”.
Describe que “las víctimas fueron sometidas a actos de violencia que incluyeron palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Además apunta que la Fiscalía de la CPI «llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.
Venezuela es el primer país del continente americano que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Actualmente el proceso está paralizado por la solicitud que hizo el régimen de Maduro para que se suspenda la investigación, con el argumento de que en su país ya hay investigaciones en curso por parte de la Justicia chavista.
Sin embargo, el fiscal Khan ha sido enfático en su documento al señalar que“la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte porque no ha habido ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rango y los crímenes se enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones“.
Es que la Corte Penal Internacional va más allá de los autores materiales de los crímenes. Su objetivo es investigar y castigar la cadena de mando, los altos funcionarios del régimen que ordenaron y permitieron perpetrar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Por ello el fiscal Karim Khan ha señalado que la investigación en La Haya debe continuar. Algo que decidirá en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, luego de haber recibido las observaciones del régimen, la respuesta del fiscal y los testimonios de más de 2 mil víctimas venezolanas.
Este lapidario documento del fiscal de la CPI se hizo público el mismo día que se divulgó el informe de «Lupa por la Vida», una coalición de prestigiosas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, que documentó al menos 824 ejecuciones extrajudiciales en el país durante el año 2022, cometidas por militares y policías del régimen de Maduro.
Clarin.com
