El Parlamento de Panamá aprobó hoy en tercer y último debate la ley que abre el camino para que todos los refugiados y asilados políticos obtengan la residencia permanente.
La iniciativa legal ha sido bautizada por la oposición como «el proyecto María del Pilar Hurtado» porque supuestamente está dirigido a beneficiar a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), asilada en Panamá desde noviembre de 2010.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de diputados de Panamá, Sergio Galvez, del gobernante partido Cambio Democrático (CD), ha negado esta posibilidad afirmando que «Si María del Pilar Hurtado se acoge a ésta ley pierde condición de asilada y sería extraditada a Colombia», por los procesos legales que tiene pendientes por interceptaciones ilegales de comunicaciones.
El Proyecto de ley, que ahora pasa al Ejecutivo para su sanción, establece los requisitos para que todos los refugiados y asilados puedan aplicar a la categoría migratoria de residentes permanentes, indicó un comunicado de la AN.
La nueva norma contempla que «por razones humanitarias» podrán aplicar a la categoría migratoria de residentes permanentes los refugiados y asilados que tengan tres años o más de tener tal condición jurídica, y manifiesten la intención de residir en el territorio de la República de Panamá.
Los refugiados deben estar reconocidos por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados y registrados en la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados y los asilados reconocidos por el Ministerio panameño de Relaciones Exteriores.
La AN señaló que para legislar sobre la materia se consideró la carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que «han afirmado el principio de que los seres humanos, sin distinción alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales».
El Gobierno de Panamá dijo, en julio pasado, cuando el Consejo de Ministros aprobó enviar el proyecto al Parlamento para su discusión, que los asilados y refugiados son «un gasto para Panamá» y había que regular su estatus para que puedan valerse por sí mismos obteniendo un trabajo, asumiendo sus gastos y pagando los respectivos impuestos.
Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Panamá hay casi 17.000 colombianos en esa situación, de los cuales 1.299 están registrados como refugiados, 537 solicitantes de asilo y 15.000 «en una situación similar a la de refugiado».
Desde los años ochenta también viven como refugiados unos 1.000 salvadoreños, muchos ya con familia panameña.
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