“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes”, denunció Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) durante el 141° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En el marco de la audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, Girón enfatizó que el hacinamiento en las cárceles es crítico con un 120%; así como también explicó que la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238.
Durante su participación, la directora del OVP recalcó que durante 2020 se registraron 292 muertes, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis. Esto representa más de 60% de los fallecidos en los penales venezolanos.
La abogada y defensora de Derechos Humanos explicó ante la CorteIDH que en Venezuela existen dos modalidades de centros: los abiertos que son controlados por presos, y los que permanecen bajo régimen con estricto control del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
“La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento tanto correctivo como preventivo y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos”, indicó Girón.
En ese sentido, recordó que en el país existen nueve centros penitenciarios que son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la CIDH: Internado Judicial Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penitenciario Región Oriental Monagas, Internado Judicial Bolívar, Centro Penitenciario David Viloria y el Centro Penitenciario de la Región Andina Mérida, sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos.
Sin pruebas de COVID-19
“Durante el estado de alarma por pandemia, decretado el 13 de marzo de 2020, hasta la fecha no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad”, manifestó Carolina Girón, directora del OVP.
De la misma forma, expresó que los hombres y mujeres que están presos en las cárceles venezolanas carecen de atención médica y el acceso a medicamentos es precario, por lo que son los familiares quienes deben suministrarlos y además solicitar los traslados a los centros de salud.
En cuanto a la alimentación suministrada por los centros penitenciarios, sentenció que es mínima y constantemente escasea. Debido a esta situación, son los familiares quienes deben llevar alimentos y agua potable.
«Estado viola los derechos de las personas vulnerables»
Durante el periodo de sesiones, la directora de OVP también relató la situación de privados de libertad que forman parte de los grupos más vulnerables.
En el país son 2.200 las mujeres que se encuentran recluidas en centros carcelarios. En Venezuela solo existe una cárcel para mujeres que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en la ciudad de Los Teques a 20 minutos de Caracas, el resto son anexos construidos al lado de los centros penitenciarios para hombres que no poseen la infraestructura necesaria para la atención de mujeres en la condición especial para mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes.
En este penal y los anexos femeninos no se permite la visita de hombres, por lo que los niños no tienen contacto con sus padres.
Si alguna privada de libertad tiene un niño estando en prisión estos permanecen con la madre hasta los 3 años de edad, en algunos casos los entregan a familiares o a una institución de abrigo.
Ante esta situación es evidente que en los centros de reclusión en Venezuela no se cumplen las Reglas Bangkok.
La directora de OVP añadió que las personas LGBTI sufren discriminación, tratos crueles, degradantes e inhumanos, tanto de la población reclusa como de los custodios, es común el abuso sexual y que sean utilizados para labores de aseo y recolección de desechos.
En cuanto a las personas indígenas, relató que viven como el resto de la población, no hay respeto para sus creencias ni cultura, deben adaptarse a las normas de convivencia del recinto, así como tampoco cuentan con intérpretes dentro de los centros. El momento fue propicio para recordar el caso del preso político Salvador Franco, indígena de la etnia Pemón, a quien lo dejaron morir en la cárcel Rodeo II teniendo orden de traslado a un centro de salud.
En cuanto a los adolescentes infractores, Girón expresó que son sometidos a ejercicios físicos de orden cerrado. En tanto, no se conoce la cantidad de adolescentes detenidos en el país por la opacidad del Estado, y es de conocimiento público que las instituciones no cuentan con el personal necesario para cumplir con los programas socioeducativos individuales.
Recordemos que la legislación venezolana establece que las personas mayores de 70 años de edad no deben ser sujeto de medidas privativas de libertad, pero esta norma no se cumple porque se privilegia la privación de libertad ante cualquier otra alternativa de enjuiciamiento o cumplimiento de pena.
En calabozos policiales la situación se agrava
En otro orden de idea, Carolina Girón recalcó ante la CorteIDH que el padecimiento del grupo vulnerable en los calabozos policiales es peor aún.
Calificó la situación como preocupante y explicó que en estos centros “no hay acceso ni a la alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, ni a servicios médicos, donde el hacinamiento supera el 400% por capacidad instalada. Solo se mantienen separadas a las mujeres en celdas, sin ventilación y sin oportunidad de desplazamiento, mayormente duermen en el piso y en condiciones muy precarias”, puntualizó Girón.
La directora de OVP pidió ante la CorteIDH debatir la obligación de los Estados a cumplir las decisiones de la Corte y que no queden ilusorios sus fallos a los fines de reparación y/o protección a las víctimas.
LA NACIÓN por Patricia Villegas
