Agua, azúcar y caramelos es lo único que consumen 193 detenidos que están en huelga de hambre, en distintos calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del estado Lara.
La huelga empezó a las 8:00 a. m. del 4 de noviembre, cuando 48 detenidos recluidos en la sede de la subdelegación Barquisimeto, ubicada en la zona industrial I, decidieron no recibir los alimentos e informaron a sus familiares y a los funcionarios sobre su protesta.
El hacinamiento, el retardo procesal y las condiciones inhumanas en las que conviven dentro de los calabozos policiales, son las causas por las cuales los detenidos iniciaron la manifestación.
Posteriormente se sumaron dos sedes más del Cicpc en Barquisimeto. El miércoles 6 de noviembre, se unieron 69 detenidos de la subdelegación San Juan y en horas de la noche, de ese mismo día, se incorporaron 76 detenidos del Eje de Homicidios. En total 193 personas están en huelga de hambre.
Keisy Albuja, familiar de un detenido, explica que los privados de libertad se encuentran en celdas pequeñas, duermen en hamacas improvisadas con sábanas, algunos en el piso con colchones y otros pasan la noche encima de cartones. Además no tienen movilidad en los calabozos y en esa misma celda hacen sus necesidades y cocinan.
El acceso al agua potable es limitado porque es a través de un tanque y no tienen el servicio de forma constante. Los detenidos aseguran que las altas temperaturas les afecta principalmente a los adultos mayores y a los que padecen de hipertensión. En ninguna de estas sedes policiales cuentan con atención médica.
Albuja cuenta que está preocupada porque hay presos que no tienen la capacidad de aguantar tantos días sin consumir alimentos. En los calabozos de la zona industrial, la sede donde más días tienen en huelga, ya algunos detenidos presentan síntomas de descompensación. La situación afecta la salud de cada uno de los detenidos.
Hasta ahora no les han dado ninguna respuesta desde el Cicpc, mientras que un representante de la Fiscalía 13 con competencia Penitenciaria visitó a los privados de libertad para constatar su situación y les indicaron que si levantaban la huelga harían mesas técnicas y revisarán los expedientes. Sin embargo, los reclusos rechazaron esta propuesta, según informaron los familiares al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“Ellos dijeron que no van a levantar la huelga hasta que no vean hechos, están cansados de promesas”, manifiestan los familiares que los detenidos del Cicpc, quienes explican que las veces que hacen esos abordajes excarcelan al menos a cinco detenidos por sedes y son casos de personas que con problemas de salud. Al resto de detenidos no les dan opciones para un beneficio y tampoco les agilizan sus procesos, porque muchos están en condición de procesados y no los trasladan hasta tribunales.
Traslados a penales
Otra de las peticiones que tienen los detenidos son los traslados a los penales en el estado Lara, ya que en las sedes policiales hay presos que tienen hasta cuatro años recluidos ya sentenciados y no han tenido acceso a beneficios porque no pueden redimir sus penas.
Desde el OVP observamos que no existe pretexto alguno para realizar los traslados de estos detenidos a los centros penitenciarios de la región, pues existen dos cárceles. Una de ellas es el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, que fue creado para los detenidos en calidad de procesados y la otra es la Comunidad Penitenciaria Fénix, para personas con condenas firmes.
Los familiares de los privados de libertad exigen que estén recluidos en espacios dignos y no hacinados en una sola celda. Además aseguran que la carga de la alimentación de dichos detenidos recae en los familiares de forma diaria y muchos no cuentan con los recursos para llevarle comida diariamente.
Durante el 2024 es la segunda huelga de hambre que hacen los detenidos en el estado Lara. La primera fue cuando apoyaron la huelga a nivel nacional, que comenzó en las cárceles del país y a pesar de múltiples promesas, ninguna fue cumplida.
Desde el OVP nos sentimos preocupados por la salud e integridad de estas 193 personas, exigimos a los órganos competentes que sean escuchados y atendidos, pues lo que exigen los privados de libertad del Cicpc Lara no son privilegios, son derechos establecidos en nuestras leyes venezolanas y en normas internacionales. La situación en la que se encuentran estos presos es violatoria a sus derechos humanos.
El texto constitucional establece en su artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas”.
