Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social arreció la política de represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias. Esta cifra representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación a 2017.
El balance realizado por el OVCS durante el primer semestre de 2019 pone en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y como los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación.
El colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana. La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ha ingresado hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno.
La crisis que padecen las familias venezolanas transciende del ámbito nacional al plano internacional. Los gobiernos de la región han sido testigos de una migración forzada de venezolanos generada por las precarias condiciones de vida y las graves violaciones de derechos humanos en el país. 4.054.870 personas se han visto forzadas a dejar el país, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo riesgo de aumentar es latente mientras no se tomen los correctivos de manera urgente.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social arreció la política de represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares. Esta estrategia dejó un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas y otras 6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones.
También se registró la reactivación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y sus subsistemas, con el fin de obstaculizar, criminalizar y reprimir las protestas a escala nacional. Igualmente, se incrementó la participación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas) en las comunidades. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan el rol de agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y colectivos sobre la ubicación e identidad de manifestantes.
También se observaron los siguientes fenómenos:
– Incremento de las protestas en sectores populares, antiguos bastiones del chavismo, exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia.
– Aumento de las protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico.
– Repunte de saqueos en zonas vulnerables a causa de las fallas del sistema eléctrico.
– Alto índice de protestas ante la falta de distribución y venta de gasolina.
– A partir del segundo trimestre las protestas por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) nuevamente comienzan a tomar terreno en las calles.
Durante el primer semestre, las protestas se diseminaron en todo el territorio nacional. En zonas rurales y urbanas. Muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos, otras planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales.
Las entidades con mayores índices de protesta son: Miranda (947), Distrito Capital (888), Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).
Se documentaron 4.777 protestas ciudadanas exigiendo derechos políticos, con la participación activa de los venezolanos, quienes demandaron un cambio en el Ejecutivo, la recuperación de sus libertades y el restablecimiento de la democracia.
De las 10.477 protestas registradas, 4.169 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 23 protestas diarias.
La precariedad del servicio de energía eléctrica, que de forma continuada afecta el desenvolvimiento de la vida cotidiana de la población y las actividades laborales, comerciales, educativas y salud, fue uno de los reclamos principales de los venezolanos que protagonizaron 2.241 protestas de enero a junio.
Hasta junio, se documentaron 1.315 protestas en rechazo a las fallas del servicio de agua potable para uso doméstico y personal. En innumerables comunidades, los ciudadanos salieron a las calles para demandar el acceso al agua. Los problemas de suministro han estado vinculados con fallas del servicio eléctrico, por falta de inversión y mantenimiento de las estaciones.
Tipo de protestas más frecuentes en el primer semestre 2019
Con información de Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
