Se recuerda en esta casa el primer anuncio de militarización de la industria eléctrica que se hizo a los cuatro vientos. El declarado con mayor solemnidad fue en 2013, después de acusar a las iguanas de ser las causantes de un gigantesco apagón. Nadie conocía del peligro que significaban esos animalitos aparentemente inofensivos, pero el burócrata de turno encontró en su insaciable apetito de cables, y quizá de dinamos y hasta de turbinas, la causa de una gran penumbra casi nacional. Pero la gente, en medio de su infinita maldad, no creyó en el zoológico motivo y lo atribuyó a la ineficiencia de los administradores del servicio de electricidad.
Los cortes de energía se repitieron en breve, y culpar a las iguanas ya pareció exagerado. Fue entonces cuando atribuyeron las interrupciones del fluido eléctrico a un entrenado equipo de saboteadores. La oposición había acudido a una pandilla de cortacables y de cualquier adminículo capaz de ofrecer luz para remplazar a las iguanas descubiertas con las manos en la masa. Por lo tanto, se encontró solución en la custodia de las plantas por elementos de las fuerzas armadas.
Se crearon batallones especiales, se hicieron entrenamientos al vapor para la soldadesca y para un grupo selecto de oficiales, armas largas y vehículos de guerra fueron puestos a la orden de los suministradores de la energía para garantizar no solo la normalidad de las operaciones, sino también el regular suministro. La noticia no causó reacciones positivas porque significaba entregar un negocio especializado a manos inexpertas, pero el alto gobierno garantizó el éxito de un operativo llamado a convertirse en modélico. Los resultados los sentimos ahora, ante un gigantesco apagón en la populosa ciudad de Caracas, en las capitales de los estados, y en 12 entidades de la República.
Lo insólito del asunto radica en que, de nuevo, los burócratas de rigor han acudido a la misma excusa de antes, como si no hubiera servido de nada el celo castrense que se anunció con bombos y platillos. Otra vez se encuentra en un sabotaje, en este caso de grandes proporciones y de corolarios gigantescos, el motivo de una oscuridad que perjudica las regiones más pobladas del país. Y que causa graves perjuicios, algunos de naturaleza terminal, en los servicios de salud, en el suministro de comida y en el transporte de bienes y personas. La lista de los problemas ocasionados por el gran apagón es más voluminosa, pero la que ahora ofrecemos basta no solo para calcular la magnitud del daño que le causa a la sociedad, sino también la colosal estatura de la ineficacia de las fuerzas armadas en su eléctrico cometido y la necedad de quienes los encargaron del trabajo.
Pero, la verdad sea dicha, así como los apagones no se deben a la contumacia de las iguanas ni a la maldad de la oposición, aunque se hayan agravado por la inhabilidad de sus uniformados custodios, la causa proviene de escandalosos negociados que han llenado los bolsillos de empresarios sin escrúpulos, entre ellos los afamados bolichicos, y la cuenta de los comisionistas del alto gobierno que han realizado tratos con ellos para que un servicio que funcionaba satisfactoriamente en los tiempos de la democracia representativa se haya convertido en una ruina inútil, cuya refacción costará millones de millones al erario mientras se le ponen parches a una operación que nació chueca desde la cuna.
Los bombillos de las casas apagados, las neveras convertidas en objetos de adorno, los equipos de los hospitales sin posibilidad de ponerse en marcha, los mercados con las santamarías abajo; sin atención las taquillas de los bancos, clausurados los institutos de enseñanza y los lugares de trabajo; los semáforos convertidos en adorno, el hampa feliz por la facilidad que les ofrece una total nocturnidad, el apagón “custodiado” por los militares refleja la magnitud de la tragedia venezolana.
Editorial de El Nacional
