La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó que con la municipalización de la justicia se busca descongestionar los centros penitenciarios, lograr la celeridad procesal y la transformación de la justicia con el Poder Popular, para que la misma sea rápida y efectiva.
En el I Encuentro del Sistema de Justicia con Consejos Comunales del Distrito Capital realizado en el Tribunal Supremo de Justicia, la representante del Ministerio Público refirió que el Código Orgánico Procesal Penal establece el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves y contempla las medidas alternativas a la prosecución del proceso.
Explicó que una de esas medidas es el trabajo comunitario, el cual debe ser supervisado por la organización social correspondiente. Se debe vigilar que la persona a quien se le impuso la medida alternativa cumpla con la misma, que reflexione acerca del hecho en el cual incurrió.
«Aquí es donde interviene la comunidad, a través de los consejos comunales, para cumplir un papel protagónico de control para la realización de la justicia».
Resaltó el rol de los consejos comunales para la paz y la justicia; por lo que se requiere la integración plena de los consejos no sólo con el Ministerio Público, sino también con la Defensoría Pública, el Tribunal Supremo de Justicia, articulando también con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.
Ortega Díaz indicó que se articula con las comunidades, considerando que el delito es un hecho social, por lo que destacó que no se puede aislar el delito de la gente, porque son los ciudadanos quienes incurren en hechos delictivos y además son víctimas.
El Ministerio Público cuenta actualmente con 27 fiscalías municipales, ubicadas en el área metropolitana de Caracas, y en los estados Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Yaracuy y Zulia.
La Fiscal General dijo que el proceso de municipalización de la justicia comenzó su concreción con la creación de los tribunales municipales, los cuales conocen delitos cuya penas máximas no excedan de ocho años.
Dijo que los organismos requieren, fundamentalmente el Poder Judicial, de información actualizada de los consejos comunales y organizaciones sociales que hacen vida en las circunscripciones judiciales, además de los planes de desarrollo comunal.
Tal información es necesaria para la imposición de la sanción por parte del juez, porque si se conocen los requerimientos se impondrá la medida adecuada y, por consiguiente, se fortalecerá la comunidad, precisó Ortega Díaz.
Fuente: El Universal
