Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, afirmó que está dispuesta a ser privada de libertad si eso contribuía en mejorar la situación del país.
“Si la solución de este país pasa porque esté privada de libertad estoy dispuesta a hacerlo”, dijo durante una entrevista en Unión Radio en la que Vladimir Villegas le preguntó sobre si tenía miedo a una posible orden de aprehensión.
Ortega Díaz señaló que ella no descartaba que un tribunal del país pudiera emitir la privativa de libertad. Sostuvo que eso no le quitaba el sueño, lo que sí lo hace es el trabajo en el Ministerio Público (MP), pero consideraba que era posible.
“Todo es posible. Lo máximo que pueden hacer es que me maten. Que lo hagan”, expresó.
También señaló que le gustaría convertirse en un factor para el diálogo en el país y que podría sostener un encuentro franco con Nicolás Maduro y con Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Sostuvo que el proceso de antejuicio de mérito que se le sigue desde el Tribunal Supremo de Justicia es ilegal y señaló que el mismo es un misterio porque se ha hecho de forma clandestina, acción que es mínima ante la angustia jurídica que deben tener todos los venezolanos. También recordó que no le permitieron a su defensor juramentarse.
La fiscal consideró “inoficiosa e impertinente” la prueba grafotécnica solicitada por el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, ante el Tribunal Supremo de Justicia para verificar la autenticidad de su firma.
Indicó que el 16 de diciembre estaba juramentado unos oficiales y no en la designación de fiscales como dice el defensor del Pueblo. “El defensor del pueblo está mintiendo sobre el acta del 16 de diciembre de 2015”.
Detenidos por tribunales arbitrarios
Ortega Díaz informó que el Ministerio Público hizo un balance de las personas detenidas de forma ilegítima por los tribunales. La institución totalizó 486 personas privadas de libertad sin que el MP solicitara la imputación, de estos 232 fueron apresados y enviados a penales, mientras que 251 están en detención domiciliaria.
La fiscal también se refirió al caso de los jóvenes detenidos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, estado Aragua. Calificó el hecho como terrible, especialmente por los tratos denigrantes que han tenido los estudiantes enviados a la prisión de El Dorado, en el estado Bolívar.
Señaló que ella no está de acuerdo en tratos denigrantes contra nadie y que a pesar de que hay tantos delincuentes en hechos más graves, a estos no se les trata como a los estudiantes. “El bandido más bandido tiene derechos humanos y hay que respetárselos”.
Mencionó que han revisado cada uno de los casos denunciados y se refirió a la situación del legislador Wilmer Azuaje, apresado en Barinas y trasladado a El Helicoide, en Caracas.
Dijo que Azuaje está en un limbo jurídico y el MP pidió que esa situación se resuelva. Detalló que solicitaron por escrito que se cumpliera lo establecido en la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria y que en este caso, capturado en flagrancia, Azuaje debió ser llevado a su casa con custodia.
También sostuvo que en ese caso las evidencias no fueron puestas a la orden del Ministerio Público. “No sabemos dónde están. Hay una situación irregular como muchos casos en Venezuela”.
Además informó que la esposa del político fue al Ministerio Público y la atendieron unos directores.
Sobre los casos llevados por la justicia militar, Ortega Díaz aseveró que han solicitado las comunicaciones a la fiscalía militar. “Solicitaré mañana información para que dé cuenta de unos casos que se están llevando violando la ley y la Constitución”.
De igual forma, rechazó el ataque a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el distribuidor Altamira. Condenó el hecho y dijo que nadie podía secundar un hecho así.
Caso Leopoldo López
Ante una pregunta de Villegas sobre la medida sustitutiva de libertad que recibió Leopoldo López y los señalamientos del fiscal Franklin Nieves sobre el uso de evidencias falsas en el juicio, Ortega Díaz sostuvo que ella creía que el funcionario mintió en algunas cosas.
Destacó que lo que se procesó fueron elementos de seguridad recabados por el Sebin.
También aseguró que sí existían presos políticos y de conciencia en el país.
Constituyente y plebiscito
La fiscal afirmó que debía revisarse la constitucionalidad, tanto de la asamblea nacional constituyente impulsada por el gobierno como del plebiscito convocado por la oposición.
Antes de culminar la entrevista, le aseguró a Villegas que actualmente en Venezuela continúa roto el hilo constitucional.
Fuente: El Nacional
Por Confirmado: David Gallardo
