La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, advirtió que el Ministerio Público no tolerará que quienes están investidos de autoridad para proteger a la ciudadanía y garantizarles el disfrute de sus derechos, terminen convirtiéndose en parte del delito que deben combatir.
Así lo señaló durante su pasado programa Justicia y Valores, transmitido por el circuito Unión Radio 90.3 FM, en el que se refirió al valor de la integridad que debe guiar las actuaciones de los funcionarios públicos frente a situaciones que constituyan un delito.
En ese sentido, Ortega Díaz se refirió al caso de 17 funcionarios policiales que se encuentran privados de libertad, tras el allanamiento realizado el pasado miércoles en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la parroquia El Valle, donde tenían secuestrado a un ciudadano.
La Fiscal General informó que fueron emitidas seis órdenes de captura contra otros funcionarios de la policía científica.
Ortega Díaz indicó que el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad.
Por ello, hizo énfasis en que los servidores públicos deben ser íntegros y garantizar confiabilidad y credibilidad a quienes acuden a una institución.
Aprovechó para reconocer el trabajo que viene realizando el presidente de la Comisión Presidencial por la Revolución Policial, Freddy Bernal, quien de manera contundente y coherente ha actuado para erradicar las acciones delictivas dentro de las instituciones policiales del país.
Ortega Díaz manifestó que desde el Ministerio continuará brindando el apoyo necesario para eliminar esas desviaciones y garantizar un servicio público eficiente, como se merece el pueblo venezolano.
Transformaciones importantes
Por otra parte, la Fiscal General se refirió al segundo período que inició al frente del Ministerio Público, en el que continuará garantizando la integridad y seguimiento exhaustivo de sus funcionarios, a fin de que la colectividad tenga plena confianza en la institución.
Destacó que desde que asumió el cargo en diciembre de 2007 se han realizado transformaciones importantes, y este nuevo período se harán ajustes, porque una de las tareas más importantes es el referido al ejercicio de la acción penal, es decir, actuar con prontitud, con acciones ajustadas a derecho y con un seguimiento del proceso judicial en todas sus fases.
Dijo que esta nueva gestión será de retos y oportunidades, por lo que se fortalecerán algunas dependencias como las unidades de Depuración de Casos y oficinas de recepción de denuncia; así como se creará el Centro de Investigaciones Penales de la institución, de lo que oportunamente ofrecerá detalles.
Resaltó que en articulación con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, se realizarán enlaces tecnológicos, es decir, que si se recibe una denuncia ante el Ministerio Público se reflejará en un sistema que se está creando, coordinando así el trabajo que le corresponde a cada institución.
Caso de ex Miss Mundo 1995
Después de afirmar que en esta gestión se pondrá énfasis en la defensa de la mujer, la Fiscal General informó que fueron dictadas medidas de protección y seguridad a favor de la ex Miss Mundo 1995, Jackeline Aguilera, quien fue víctima de agresiones por parte de su expareja.
Tales medidas fueron acordadas por la Fiscalía 30ª del estado Carabobo, en virtud de que desde el año 2005 cuando se divorciaron, el hombre comenzó a agredirla física y psicológicamente, lo que llevó a que el Ministerio Público le prohibiera al hombre acercarse al trabajo de Aguilera y a su residencia, entre otras.
Caso Mónica Spear
Con relación al caso de de la actriz Mónica Spear (29) y su pareja Thomas Henry Berry (39), la Fiscal General informó que se encuentran 10 personas privadas libertad (ocho adultos y dos adolescentes), de los cuales tres adultos fueron condenados, tras admitir los hechos, a penas que oscilan entre 24 y 26 años de prisión.
Mientras que otras siete personas, incluyendo los adolescentes, se encuentran en fase de juicio y acusados por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado en la ejecución de un robo agravado e igual delito en grado de frustración en perjuicio de una niña de cinco años; obstrucción en la vía pública, robo agravado en perjuicio de las dos personas que auxiliaron a la pareja y asociación para delinquir.
Explicó que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra un joven, por lo que instó a las autoridades policiales a cumplir el mandato judicial.
EL PERIODIQUITO
