Opositores y chavistas se preparan para una crucial jornada de protesta para el martes con manifestaciones convocadas en el mismo sector de Caracas y la promesa de un dirigente opositor –que está siendo buscado por la justicia– de participar en la marcha.
Ambas convocatorias llegan tras dos semanas de protestas de estudiantes iniciadas en rechazo a la inseguridad, inflación y desabastecimiento, a las que se sumaron sectores radicales de oposición y que la semana pasada derivaron en incidentes con saldo de tres muertos y decenas de heridos.
Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y contra quien una jueza emitió orden de captura por los desmanes, rompió el silencio y en un video convocó una marcha hacia el ministerio de Justicia para dejar un pliego de peticiones. “Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré para asumir esa persecución”, dijo en su video.
Henrique Capriles, gobernador de Miranda y excandidato presidencial que ha criticado la táctica de movilizaciones, anunció sin embargo que se sumará a la manifestación del martes. “Podemos tener diferencias pero somos solidarios”, dijo a una radio local. Por la tarde, un vocero del partido Voluntad Popular denunció “que unos 15 hombres armados identificados como elementos de inteligencia militar ingresaron violentamente a la sede (del partido) apuntando a todo el personal”.
El partido difundió en redes sociales un video que, asegura, es de su cámara de seguridad y en el que se observa a hombres con casco y armas cortas ingresando al lugar y derribando una puerta a patadas.
López y otros dirigentes impulsan bajo la consigna “la Salida” la táctica de ocupar las calles para oponerse al gobierno de Nicolás Maduro, electo en abril del 2013 y forzar un “cambio constitucional” pese a que no puede haber un referendo revocatorio del mandato presidencial hasta abril de 2016.
Poco después de la convocatoria de López, el presidente Maduro –quien ha calificado las protestas como un intento de “golpe de Estado” con participación de Estados Unidos y el expresidente colombiano Alvaro Uribe– anunció una marcha de trabajadores petroleros oficialistas en el mismo sector también para el martes.
Jorge Rodriguez, alcalde chavista del municipio Libertador, donde se encuentra el ministerio de Justicia aseguró el lunes que ninguna formación política “ha solicitado absolutamente ningún permiso” y que por ello “no hay ninguna manifestación autorizada”.
Unos mil estudiantes marcharon el lunes pacíficamente por el afluente sector este de Caracas hasta el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para pedir fin a la censura después de que este ente regulador amenazara con sanciones para aquellos medios audiovisuales que hagan “promoción de la violencia”.
“¡Conatel cara de tabla, censuras y te callas!” o “censura es dictadura”, gritaban los manifestantes. La semana pasada, cuando los enfrentamientos alcanzaron su clímax, varias televisiones locales se abstuvieron de emitir imágenes de los disturbios, de acuerdo con la legislación venezolana.
El canal colombiano de noticias NTN24, que otorgó gran cobertura a los incidentes, fue retirado el miércoles de las dos redes de televisión por cable que lo distribuían en Venezuela por decisión del gobierno.
En la última semana las manifestaciones estudiantiles han sido marchas pacíficas durante el día. Pero al oscurecer, grupos de jóvenes han provocado desmanes en el sector este de Caracas, incluyendo ataques con piedras y cócteles molotov contra la televisora estatal VTV. Maduro, que dice ver la mano de Washington en la crisis, anunció el domingo la expulsión de tres funcionarios consulares estadounidenses, a los que imputó por reunirse con universitarios, y acusó a EEUU de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
El canciller Elías Jaua justificó el lunes la medida contra los diplomáticos, a quienes les concedieron 48 horas para abandonar el país, por su participación en “la organización y promoción de estos grupos (estudiantiles) que hoy intentan generar la violencia en Venezuela”. Más tarde, el portavoz del departamento de Estado, Jen Psaki, calificó en Washington de “falsas y sin sustento” las acusaciones de Venezuela.
En septiembre Venezuela expulsó a otros tres diplomáticos norteamericanos, entre ellos la encargada de negocios a cargo de la embajada. Y el 5 de marzo, horas antes de anunciar la muerte de Chávez, expulsó a dos agregados militares estadounidenses. Washington y Caracas carecen de embajadores desde el 2010, pero pese a sus distantes relaciones, Estados Unidos es el mayor comprador del petróleo de Venezuela, el mayor productor de crudo latinoamericano y el país con las mayores reservas petroleras del mundo.
Varios gobernantes de la región han cerrado filas con Maduro, mientras que México y Panamá exhortaron a resolver las diferencias mediante el diálogo. Uruguay demandó respeto a la legalidad y a la libertad de expresión.
Nuevo Herald
