Más temprano, varias ONG locales informaron y rechazaron que los dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, acusados de conspiración y asociación para delinquir, fueron condenados a 16 años de prisión
La oposición rechazó este martes la condena de 16 años de prisión que la Justicia impuso contra seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 tras encabezar varias protestas por salarios dignos y mejores condiciones laborales.
«Desde la Plataforma Unitaria Democrática condenamos esta nueva violación de los derechos humanos al sentenciar a 16 años de cárcel en (un) juicio plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos», dijo esta coalición que agrupa a una parte del antichavismo, en un mensaje de Twitter.
Más temprano, varias ONG locales informaron que los dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, acusados de conspiración y asociación para delinquir, fueron condenados a 16 años de prisión.
Al respecto, el candidato opositor a las primarias presidenciales Henrique Capriles aseguró, en la misma red social, que se trata de «otra violación más a los derechos humanos» por parte «de quienes gobiernan en Venezuela».
«¡Criminalizar a quienes ejercen sus derechos es una aberración! Metiendo presos a los que luchan por una vida mejor sólo profundiza la crisis económica, social y política», aseveró Capriles.
Con esto coincidió Freddy Superlano, también aspirante a las internas, al afirmar que continuará alzando la voz por la libertad de estos trabajadores y «de todos los presos políticos, civiles y militares».
Por su parte, Andrés Velásquez, quién también prevé participar en las primarias, tildó la sentencia como «un verdadero horror», y aseguró que esta decisión judicial tuvo lugar «sin pruebas de nada».
Varias ONG rechazaron también la condena y calificaron el hecho de «persecución política».
El pasado junio, Eduardo Torres, uno de los abogados de los sindicalistas, dijo a EFE que la acusación representa «una aberración porque ellos están asociados para defender derechos, y los ampara, no solo a Constitución y las leyes, sino el convenio 87 de libertad sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)».
EC
